CRES 2018 a cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba: entre la filiación con el pasado y los desafíos del presente. Una aproximación crítica

• Sandra Carli
SECCIÓN: DOSSIER
• CONICET/UBA. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Buenos Aires. smcarli@gmail.com


 

Resumen

La III Conferencia Regional de Educación Superior fue coorganizada por IESALC-UNESCO, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Consejo Universitario Nacional (CIN) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sede del evento, entre los días 11 y 14 de junio de 20181. Si bien contó con la participación de distintos actores (autoridades, rectores/as, decanos/as académicos/as, sindicatos, estudiantes), el protagonismo vino de la mano de los primeros que coordinaron y/o fueron partícipes centrales de la mayoría de las actividades. El programa general contempló actos centrales, conferencias, foros académicos, simposios y mesas de debate. Así también espectáculos artísticos.

El evento incluyó un programa complementario, que supo contener algunas de las posiciones disidentes. El “Encuentro Latinoamericano contra el neoliberalismo y por una universidad democrática y popular”, organizado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y otros2, así como la conferencia de Boaventura de Sousa Santos, organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC albergaron una gran presencia de estudiantes, menos atraídos por los debates institucionales y más por problemáticas vinculadas con la relación de la universidad con los movimientos sociales.

En un contexto regional adverso y de avances de las tendencias a la mercantilización de la educación superior, las inquietudes se ligaban con la Declaración Final del evento; en qué medida se retomarían los postulados centrales de la Declaración de Cartagena de 2008 que dejó establecida a la educación superior como derecho humano y bien público y social, y el deber de los Estados de garantizarla3.

La CRES 2018 se realizó evocando el legado de la Reforma Universitaria de 1918, en su centenario, y planteando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de Educación 2030 de la UNESCO. ¿Cómo analizar la pretensión de construir un nuevo manifiesto que consta en el eje que vamos a examinar, junto con la agenda global de un organismo especializado de las Naciones Unidas? Resulta evidente la dificultad de hacer converger el espíritu histórico de un texto que condensó significados epocales vinculados con el protagonismo juvenil, la insurrección contra sectores vinculados con la oligarquía y la Iglesia enquistados en la institución y la crítica a un tipo de universidad anacrónica, por parte de los estudiantes de Córdoba, con las metas del desarrollo sostenible que se postulan para todas las áreas de gobierno de distintos países de la región. Mientras un manifiesto sienta posición pública de un grupo, en este caso de estudiantes, signado por la crítica y una nueva propuesta de universidad en una coyuntura determinada, una agenda global traduce acuerdos programáticos entre países para su concreción en un futuro indeterminado, a pesar de la periodización (2030).

Dejando por un momento en un margen estos dilemas vinculados con diferentes actores, temporalidades y escalas de intervención, es posible plantear qué aspectos de aquel legado cristalizado en forma parcial en las instituciones universitarias actuales pueden retomarse junto con una agenda que aspira a colocar el tema del desarrollo sostenible, con todas sus aristas y polémicas vinculadas con su viabilidad, en un lugar central.

Como ya señalamos la Conferencia ha tenido entre uno de sus ejes el titulado “A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Hacia un nuevo manifiesto de la educación superior latinoamericana”, cuyo tratamiento provocó no pocos debates. Precisamente el documento correspondiente a este eje, coordinado por Rafael Guarda, quien fuera Rector de la Universidad de la República de Uruguay hasta 2006 y que contó con la colaboración de varios académicos y académicas, se planteó a través de una serie de ideas fuerza, priorizar una aproximación histórica que tome en cuenta las consecuencias político-sociales de la Reforma Universitaria de Córdoba con los avances y derechos de las Declaraciones de conferencias precedentes y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Son méritos del documento la afirmación del derecho a la educación superior, el reconocimiento de la importancia de la gratuidad y el acceso igualitario, la necesidad de regulación de la educación privada y la prohibición de las universidades con fines de lucro. Sin embargo, frente a toda enunciación general, no por ello menos necesaria, se hace relevante considerar el contexto histórico poco optimista en la región y en el mundo, con el avance arrollador del capitalismo financiero que encuentra en varios gobiernos las justificaciones para debilitar la educación pública, y más aún, para desfinanciar las universidades públicas, como ya alertara el propio Boaventura de Sousa Santos como tendencia general hace más de dos décadas.

Una de las ideas-fuerza del documento fue considerar a las universidades públicas como espacios privilegiados para la construcción de “puentes” entre tendencias globales e identidades nacionales para el establecimiento de nuevos pactos e interacciones sociales entre diversas culturas y percepciones del mundo. Esa tesis auspiciosa se ve contrarrestada en algunos países cuando, si bien las universidades logran construir en el plano de la producción de conocimiento reconocimientos complejos de las articulaciones entre diversas escalas (local, nacional, global) de los fenómenos y objetos de estudio (a modo de ejemplo, migraciones), en lugar de ser puentes, deben resistir, contrarrestar y frenar tendencias globales aliadas con gobiernos nacionales que amenazan con la institucionalidad de la universidad, así como impugnan el valor de sus profesiones y saberes.

Otra de las ideas fuerza se refiere a la identidad de la Universidad de América Latina y el Caribe, admitiendo un proceso de erosión y el avance hegemónico del modelo elitista de investigación norteamericano. Si bien ese avance es indudable y supone el impacto de maneras de formalización/evaluación puestas en juego en la investigación para el conjunto del sistema de educación superior, también han avanzado en los últimos años debates y experiencias sobre nuevas formas de enseñanza e investigación, sobre la importancia de valorar las tareas de extensión y transferencia social del conocimiento, que subvierten los componentes elitistas del modelo norteamericano y profundizan en la democratización de los procesos y modos de producción, circulación y apropiación del conocimiento.

El reconocimiento en el documento del modelo de universidad surgido a partir de la Reforma con identidad propia se plantea sin embargo “en construcción”. En tanto, como sostienen tantas fuentes sobre la Reforma, se trata de una realidad siempre inacabada. Cabe señalar sin embargo la importancia de ahondar en la historización para poder comprender que las universidades latinoamericanas tienen las improntas y huellas, no solo del reformismo que tuvo una etapa de auge pero también de declinación, sino también de otras tradiciones que en los años 60 y 70 del siglo XX amplían, discuten y renuevan el legado reformista, siempre objeto de nuevas apropiaciones y relecturas. Por otra parte, en las últimas décadas del siglo XX los procesos de ampliación matricular sin precedentes y de aumento de la complejidad de las instituciones, como la mayor diversificación interna de los sistemas de educación superior, tornan cada vez más difícil hablar de un único modelo, cuando en muchas instituciones ha quedado reducida o anulada la participación de estudiantes en el gobierno.

Un aspecto relevante del documento refiere al papel de las universidades en el avance democrático de las sociedades, y a la importancia de la formación de profesionales. En este punto el vínculo entre las universidades y el Estado resulta problemático, en tanto en algunos países como la Argentina en el diseño de políticas educativas, se ha generado en los últimos años una verdadera sangría de profesionales universitarios especializados y el desmantelamiento de programas de políticas educativas configurados a partir de resultados y saberes vinculados con investigaciones desarrolladas en las universidades públicas, a favor en cambio del reclutamiento de universidades privadas, del avance del mercado mundial de negocios y de acuerdos con sectores privados y organismos no gubernamentales.

En este sentido la noción de autonomía, idea-fuerza reivindicada en el documento, así como el compromiso social de la universidad, puede dar lugar a sinergias productivas con el Estado en algunos casos, o en su reverso con la sociedad civil para contrarrestar tendencias regresivas en la esfera de derechos. El avance de procesos antidemocráticos o de democracias restringidas, en un contexto también de empoderamiento de las fuerzas de seguridad con paradigmas represivos, coloca a las universidades públicas en un lugar complejo: por un lado ante el desafío de renovar y fortalecer siempre su democracia institucional, pero también para ser portavoces de demandas de distintos sectores sociales interpelando con una voz pública firme y autorizada a los gobiernos.

La idea fuerza referida al desarrollo mediante la creación y aplicación de conocimiento científico y tecnológico resulta crucial en un contexto en el que en la región parece producirse un cierre, e inclusive un retroceso, del ciclo de expansión y crecimiento que sufrieron los sistemas de ciencia y técnica, y una tendencia al desfinanciamiento estatal.

Si bien se reconoce algún rezago en materia de investigación fundamental, se destaca el referido a innovación, y se insiste en la necesidad de pensar la contribución de las capacidades de investigación en la resolución de problemas sociales y productivos, a la vez que aplicaciones tecnológicas. Resulta evidente que esa contribución puede ser potenciada por algunos gobiernos o desalentada por otros, de acuerdo a los modelos productivos, y que el énfasis en la innovación puede impactar en sectores pequeños de élite o volcarse a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población. De allí que el debate tiene un componente político notable.

La discusión pública que se ha planteado en algunos países entre producción de investigación básica o aplicada, como falsa polarización, en el caso de la Argentina, no ha hecho más que revelar el desaliento de la investigación, en general, bajo el argumento de prioridades estratégicas4.

Para finalizar, el documento que hemos analizado recuperando algunos de sus aportes fue objeto de debate en las reuniones realizadas en torno a este eje en la CRES 2018. Esos debates permitieron enunciar algunos planteos y debatir aspectos del documento, que estuvo disponible a poco de iniciarse el encuentro.

La Declaración Final de la CRES 20185 resulta un texto que combina enunciados que buscan establecer una filiación con la Reforma de 1918 replicando su discurso épico y otros que precisan los desafíos actuales de la universidad. Habiendo planteado ya el intento siempre fallido de producir un manifiesto en un evento de estas características, con la primacía de funcionarios internacionales y autoridades universitarias, y el escaso protagonismo de estudiantes, me detendré sobre todo en los últimos enunciados en tanto permiten avizorar acciones estratégicas en un contexto adverso en la región.

En primer lugar, la Declaración busca inscribir la Conferencia en los acuerdos de las anteriores y reafirma el postulado de la educación superior como un bien público social, y un derecho humano y universal, un deber de los Estados. Afirma también la reivindicación de la autonomía de la universidad y el compromiso social de la misma. Se detiene en el reconocimiento de las diferencias (económicas, tecnológicas y sociales) entre el norte y el sur y en las desigualdades de oportunidades y de género, estas últimas especialmente convocantes para los movimientos estudiantiles en la actualidad, si consideramos una de las intervenciones en el cierre de la CRES6.

La Declaración concibe como pilares a la ciencia, las partes y la tecnología para la cooperación en la región y reclama “rigurosos” sistemas de regulación para evitar la profundización de los procesos de transnacionalización y mercantilización de la educación superior, solicitando a los Estados no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio. Alude a su vez a la importancia de garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública gratuita y de amplio acceso, uno de los tópicos sobre los que insistió el Encuentro Latinoamericano realizado previo al inicio de la CRES. En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible en la Declaración se insta a los Estados a ampliar la oferta de educación superior y profundizar los procedimientos de acceso, entre otros reclamos. Asimismo, reconoce la importancia de la interculturalidad en la educación superior como medio de igualación y ascenso social.

Podemos decir que la Reforma Universitaria de 1918 ha sido un fundamento legitimante de la Conferencia a la vez que habilita su actualización histórica. La Declaración Final de la CRES 2018 reafirma acuerdos regionales anteriores, pero el carácter performativo de esos enunciados, en el sentido de conllevar acciones concretas, es el desafío en curso en un escenario regional de mayor complejidad, adversidad y avance de ofensivas neoliberales que encuentran en los Estados un obstáculo para la libre circulación del capital financiero y en las universidades públicas instituciones capaces de llevar adelante una tenaz resistencia.


Notas

1. http://www.cres2018.org

2. https://conadu.org.ar/lanzamiento-de-foros-de-debate-hacia-el-encuentro-latinoamericano-contra-el-neoliberalismo-por-una-universidad-publica-democratica-y-popular/

3. La Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, realizada en la ciudad de Cartagena en el año 2008, planteó: 1) La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando porque ella sea pertinente y de calidad; y 2) El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida en que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes.

 

 

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