El problema de la autonomía universitaria en la primera mitad del siglo XX en la República Argentina
Una mirada a partir de la reforma y los reformistas en la Universidad Nacional de Córdoba

• Javier Moyano / Pablo Manuel Requena.
SECCIÓN: DOSSIER
• Doctor en Historia por El Colegio de México, docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus ámbitos de preocupación son la política en espacios provinciales en las primeras décadas del siglo XX. javiermoyano@cea.unc.edu.ar / Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Docente e investigador de la misma casa de altos estudios. Su investigación se concentra en la historia de la universidad, el movimiento estudiantil y los intelectuales reformistas. pablorequena@gmail.com


 

Resumen

 Este artículo toma como objeto la autonomía universitaria como problema jurídico político en la República Argentina entre el ciclo comprendido durante los años previos a la Reforma Universitaria de 1918 y los años posteriores al derrocamiento del gobierno peronista en 1955. Nos concentraremos en un análisis que intenta articular las demandas del reformismo y del movimiento estudiantil con los sucesivos marcos normativos mediante los cuales se intentó normar el vínculo entre universidad y Estado.

 

Palabras clave: Autonomía universitaria, Reformismo, movimiento estudiantil.

Abstract

 

This article studies university autonomy as a juridical political problem in the Argentinian Republic between the years around the 1918 university reform and the years of the 1955 coup d’etat against the Peronist government. We emphasize in an analysis that articulates reformist and student movement claims with following legal frames by which it normed the link between university and State.

 

Keywords: University autonomy, reformism, student movement.

 

1.

El objetivo de este ensayo es analizar un aspecto específico relacionado con los acontecimientos de la llamada Reforma Universitaria en la ciudad argentina de Córdoba durante el año 1918, y, sobre todo, con los procesos que siguieron a esos acontecimientos hasta la llegada del primer peronismo y su posterior derrocamiento1. Nos referimos a la génesis y desarrollo de las discusiones en torno a la autonomía universitaria. Para ello consideraremos, en primer lugar, el marco normativo –la llamada Ley Avellaneda de 1885– que ordenaba el funcionamiento de las universidades nacionales; su papel en el proceso de construcción de instancias estatales y en la mediana modernización de las universidades; su incidencia sobre las relaciones de poder y sobre el margen de juego en los procesos de toma de decisiones por parte de quienes controlaban instancias universitarias y extrauniversitarias, en especial en el gobierno federal; y la posición, ante este marco regulatorio, tanto de los actores universitarios que defendían el status quo como de aquellos que lo cuestionaban. En segundo lugar, analizaremos las condiciones, en especial el posicionamiento de los reformistas ante las transformaciones experimentadas en el sistema político y los cambios en el marco normativo universitario, que, varias décadas más tarde, hicieron posible la emergencia de las discusiones en torno a la autonomía universitaria y la ocupación del centro de la escena por parte de esta cuestión.

La Ley Avellaneda era un dispositivo legal más bien parco que en unos pocos artículos regulaba y normativizaba el funcionamiento de un universo institucional, entonces decididamente pequeño, a la vez que relativamente reciente, conformado por la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante UNC), fundada en 1613 aunque nacionalizada a mediados de la década de 1850, y por la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821 y nacionalizada en 1881.2 En un contexto en que el territorio argentino experimentaba un proceso de construcción y posterior organización de un orden estatal en el último tercio del siglo XIX –la Constitución Nacional fue sancionada en 1853, mientras que las guerras civiles finalizaron recién en 1862 y los últimos focos de resistencia al Estado central fueron apagados en 1880– la mencionada ley centralizaba la autoridad universitaria, subordinada a la autoridad del Estado Nacional. El texto de la Ley 1597 de 1885 conocida como “Ley Avellaneda” era el siguiente:

Art. 1º. El Poder Ejecutivo ordenará que los Consejos Superiores de las Universidades de Córdoba y de Buenos Aires, dicten sus estatutos en cada una de estas Universidades, subordinándose a las reglas siguientes:

1. La Universidad se compondrá de un rector, elegido por la Asamblea Universitaria, el cual durará cuatro años, pudiendo ser reelecto; de un Consejo Superior y de las Facultades que actualmente funcionan, o que fuesen creadas por leyes posteriores. La Asamblea Universitaria es formada por los miembros de todas las Facultades.

2. El Rector es el representante de la Universidad; preside las sesiones de las Asambleas y del Consejo; y ejecuta sus resoluciones. Corresponde asimismo al Rector el puesto de honor en todos aquellos actos de solemnidad que las Facultades celebren.

3. El Consejo Superior se compone del Rector, de los decanos de las Facultades y de dos delegados que éstas nombren. Resuelve en la última instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado las facultades, fija los derechos universitarios con la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública, y dicta los reglamentos que sean convenientes y necesarios para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios.

4. Cada Facultad ejercerá la jurisdicción política y disciplinaria dentro de sus institutos respectivos, proyectará los planes de estudios y dará los certificados de exámenes en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los diplomas de sus respectivas profesiones científicas, aprobará o reformará los programas de estudios presentados por los profesores, dispondrá de los fondos universitarios que le hayan sido designados para sus gastos, rindiendo una cuenta anual al Consejo Superior, y fijará las condiciones de admisibilidad para los estudiantes que ingresen en sus aulas.

5. En la composición de las Facultades entrará por lo menos una tercera parte de los profesores que dirigen sus aulas correspondiendo a la facultad respectiva el nombramiento de todos los miembros titulares. Todas las Facultades tendrán un número igual de miembros que no podrá exceder de quince.

6. Las cátedras vacantes serán llenadas en la forma siguiente: la Facultad respectiva votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo Superior, y si este la aprobase será elevada al Poder Ejecutivo quien designara de ella el profesor que deba ocupar la cátedra.

7. Los derechos universitarios que se perciban, constituirán el “fondo universitario”, con excepción de la parte que el Consejo Superior asigne, con la aprobación del Ministerio para sus gastos y para los de las Facultades. Anualmente se dará cuenta al Congreso de la existencia e inversión de los fondos.

Art. 2º. Los Estatutos dictados por los Consejos Superiores con arreglo a las bases anteriores serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 3º. La designación de los profesores se hará por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las Facultades respectivas.3

Este marco normativo preveía una forma específica de incidencia del aparato estatal sobre la vida institucional de las universidades nacionales. El Art. 1, inc. 6 y el Art. 3 reglaban el mecanismo de designación de profesores, y en ese proceso las academias, a cargo del gobierno en cada facultad, remitían al Consejo Superior una terna que, a su vez, luego era elevada al Poder Ejecutivo Nacional, quien escogía a uno de los tres docentes nominados; los efectos de este tipo de mecanismos, favorables al mantenimiento del status quo en los espacios universitarios, puede apreciarse, por ejemplo, en el hecho de que el cuestionamiento a ese procedimiento sería, luego de 1912, el causal del autoexilio de José Ingenieros.

El Art. 1 inc. 7, en tanto, preveía el control de los recursos económicos de cada unidad académica por parte del Poder Legislativo Nacional. Más allá de la clase de vínculo directo que se proponía entre las universidades nacionales y los poderes del Estado Nacional, la Ley 1597 estipulaba el esquema de autoridad dentro de cada universidad: un rector (Art. 1 inc. 2), una Asamblea Universitaria, el Consejo Superior (Art. 1 inc. 3) y las Facultades (Art. 1 inc. 4 y 5), que a los fines prácticos también eran llamadas “Academias”). Respecto a los órganos colegiados de gobierno de las instituciones universitarias, la normativa establecía que el Consejo Superior estaría compuesto por el rector, los decanos de las facultades y dos delegados de cada una de ellas, mientras que cada Facultad estaría integrada por quince miembros, entre profesores y notables.

Resulta sugerente indagar, además, en torno al modo en que las universidades y los universitarios del cambio de siglo y aun de las primeras tres décadas del siglo XX, pensaban su vínculo con el mercado laboral. Al respecto, las universidades argentinas se orientaban, casi exclusivamente, a la titulación de profesionales liberales –abogados, médicos e ingenieros– con la función de contribuir a la conformación del entramado material e institucional a la vez que “biopolítico”, para favorecer las formas de penetración del Estado en construcción sobre la sociedad civil a los efectos de garantizar un particular desarrollo capitalista fundado en las exportaciones de bienes primarios. Precisamente ese Estado se proponía especialmente controlar y regular el ejercicio de aquellas profesiones a la vez que la formación de sus practicantes. En pleno proceso de construcción del orden estatal, cuyo inicio la historiografía coincide en ubicar entre 1853 y 1880, el objetivo de alcanzar una autoridad centralizada requería de profesionales capaces de hacer realidad los denominados “atributos de estatidad” (Oszlak, 1981).

Ahora bien, la funcionalidad de una normativa que reforzaba el status quo en la designación de docentes y en la conformación de los órganos de gobierno universitario, respecto a los citados objetivos de contribuir, mediante la formación de profesionales idóneos, a la construcción de un orden estatal estable que debía garantizar un particular “progreso” económico y social, dependía en alguna medida de la naturaleza de ese status quo que la normativa reforzaba. En ese sentido, si bien el cuerpo docente de la UNC, en tanto integrantes de las élites locales, comulgaba, mayoritariamente, con esa concepción de las instancias estatales como promotoras y garantes de un desarrollo económico que los beneficiaba como grupo social, la existencia de una estructura de privilegios poco permeable a la admisión de nuevos miembros, introducía algunas dudas respecto a la adecuación de los medios a los fines.

De este modo, un cuestionamiento del status quo universitario no implicaba, necesariamente, una ruptura con el modo en que se habían articulado institucionalmente las relaciones de poder entre las universidades y el gobierno federal, pues dentro de esa misma estructuración era posible cuestionar las contradicciones entre los citados fines y las inercias de los privilegios tradicionales. En ese sentido, si bien los reformistas de 1918 eran tributarios de un “clima de época” que desconfiaba de muchos de los valores, en especial la fe incondicional en el progreso, sobre los que se habían asentado los procesos previos de organización estatal y modernización social, el hecho de que su principal antagonista local estuviera constituido por camarillas clericales asentadas sobre antiguas estructuras de privilegio, permitía combinar, en el discurso reformista, las críticas a los fundamentos “progresistas” de la modernización profesionalista de las universidades con el cuestionamiento a la distancia entre esos fundamentos y la realidad cordobesa.

En esa misma dirección es posible sostener que, hacia los primeros años del siglo XX, era significativo el avance de un proceso de conformación, semejante a aquello que Raymond Williams ha llamado una estructura de sentimiento, que volvía incuestionable ese vínculo de los sujetos con el Estado nacional, pero que orbitaba los reclamos reformistas en la ciudad de Córdoba en 1918 en torno a la conformación de los órganos de gobierno de la universidad. En la conformación de la mencionada estructura de sentimiento, el Estado no aparecía como una amenaza. Al contrario, incluso durante los sucesos de la reforma los propios estudiantes reformistas solicitaron la intervención de la Universidad Nacional de Córdoba para garantizar un cambio en los Estatutos, al tiempo que las autoridades de la Casa de Trejo hacían lo propio, en este caso con el fin de garantizar la continuidad de las normativas previas que garantizaban sus posiciones.

Es posible apreciar que, para todos los actores en conflicto, el aparato estatal se presentaba como el garante del orden institucional al interior de la universidad. El punto de discrepancia se encontraba, en cambio, en el significado de ese “orden” deseable para cada uno de tales actores, los cuales, sin cuestionar necesariamente el papel de las universidades en el proceso de construcción de instancias estatales, modernización social y progreso económico, ponían en duda que la UNC, con su estructura institucional preexistente, cumpliera efectivamente ese papel. La disputa se centraba, por lo tanto, en torno a un modelo de organización interna de una Casa de Altos Estudios. Si bien la significativa ampliación, en los años previos, de la matrícula universitaria, y las transformaciones que experimentaba el sistema político con la instauración, tras la reforma electoral de 1912 y el acceso del radicalismo a la presidencia de la nación en 1916 de un régimen más cercano a la democracia universal, constituyen dos variables significativas a la hora de explicar la emergencia de los conflictos que desencadenaron el proceso reformista, la discusión tenía aún un alcance limitado al interior de grupos sociales medianamente reducidos.

Guillermo Vázquez afirma, no sin perspicacia, que el problema de la autonomía es una invención bastante tardía del reformismo, propia del momento en que el Estado comenzaba a ser percibido, por diferentes sujetos, como una amenaza para la vida universitaria, en especial durante las décadas de 1940 y 1950. Fue durante el primer peronismo cuando los estudiantes universitarios organizados, portadores, en su construcción identitaria, del programa político y cultural reformista, se ubicaron en una oposición frontal ante la dictadura peronista, llegando incluso a colaborar con la Revolución Libertadora, el golpe de Estado que depuso al gobierno de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955 (Vázquez, 2015).

Ahora bien, la evidencia de la que parte Vázquez –el hecho de que la palabra autonomía no aparezca en el llamado Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918 ni en los escritos de Deodoro Roca– no es sino indicio de un problema que debemos terminar de enunciar. Al preguntarnos por la estructura de sentimiento de los estudiantes reformistas cordobeses, constatamos que el Estado no aparecía representado como una amenaza sino hasta los traumáticos años treinta y cuarenta en los que, crisis del liberalismo mediante y emergencia de alternativas políticas antiliberales y autoritarias (Zanatta, 1996), el movimiento estudiantil en particular y el espacio político auto percibido como democrático se vieron obligados a adoptar estrategias defensivas. Una aproximación a la respuesta debería entonces enfocarse hacia el hecho de que, durante las tres primeras décadas del siglo XX, antes del avance autoritario, el liberalismo como cosmovisión predominante sin desafíos de envergadura, permitía pensar en la consecución de un orden estatal, alcanzada en las últimas décadas del siglo XIX, como un momento de superación de la conflictividad predominante en Argentina durante la mayor parte de ese siglo; el orden estatal se presentaba, para los miembros de las elites letradas argentinas, como el final de un turbulento proceso político atravesado por guerras civiles (Requena & Grisendi, 2013a).

El programa de los jóvenes reformistas cordobeses en 1918 cuestionaba los fundamentos de la autoridad dentro de la propia universidad. En un contexto en que el modelo profesionalista, en parte legitimado por la confianza en el progreso con el que fue concebida la universidad moderna en Argentina, aunque insuficientemente consolidado en el caso cordobés dado el peso decisivo que ejercían las camarillas más tradicionales, estaba entrando en crisis, y ello confluía con los límites que comenzaban a percibirse en el marco normativo vigente dada su propia parquedad, las fracciones juveniles de las elites letradas hacían suyos los cuestionamientos a un modelo universitario que había vuelto “fábricas de títulos” a las casas de enseñanza superior. En Córdoba y en Buenos Aires los estudiantes articulaban tales cuestionamientos con tópicos “epocales” en boga como el americanismo, el juvenilismo o el planteo de la crisis de occidente, para cuestionar el rol de las academias en la vida de las facultades y el tipo y los contenidos de enseñanza, aunque en el caso cordobés, esa crítica al paradigma profesionalista se articulaba, en un particular maridaje, con el cuestionamiento a los efectos retardatarios, incluso para el desenvolvimiento de ese paradigma, del peso de las camarillas confesionales y tradicionalistas.

Es posible afirmar, siguiendo a Buchbinder, que durante la década de 1910 se rompieron los acuerdos existentes, acerca de lo que era y debía ser una universidad en un país como Argentina, entre las fracciones juveniles y las generaciones mayores dentro de las elites letradas (Buchbinder, 2005: 58 y siguientes). Esto termina delineando el escenario político del año 1918, un momento en el que las fracciones juveniles de las elites letradas, tanto estudiantes como graduados y jóvenes docentes, comenzaban a cuestionar la forma de organización interna dentro de la universidad a la vez que el perfil docente y profesional predominantes tras las reformas que, entre las décadas de 1850 y 1870, permitieron a la Universidad Nacional de Córdoba adquirir, no sin vigorosas inercias, muchos rasgos de universidad moderna. Sin embargo, el reformismo, el movimiento estudiantil o las elites letradas no se cuestionaban la naturaleza del vínculo con el Estado nacional que había hecho posible esa modernización, sino que, al contrario, consideraban a ese Estado como un aliado imprescindible para barrer con las inercias preexistentes.

2.

A partir de los años treinta, el liberalismo como orden político fue puesto en cuestión en la Argentina. Una breve dictadura de simpatías corporativistas comandada por el Gral. José Félix Uriburu en 1930, una sucesión de gobiernos fraudulentos entre 1932 y 1943, un nuevo golpe de estado en 1943, que entre otras iniciativas restauró la educación religiosa en las escuelas públicas (que la Ley 1420 de 1884 había desterrado) y, finalmente, la llegada al gobierno en 1946 de una nueva fuerza política, el peronismo, con un perfil de democracia social pero también con significativos rasgos autoritarios, corrieron definitivamente las coordenadas dentro de las cuales era posible pensar el vínculo entre universidades y Estado4. En definitiva, estaba en crisis el papel asignado al Estado en la vida pública, y ello afectaba a la educación superior. El gobierno peronista encaró una sucesión de reformas del andamiaje jurídico institucional propio del país “liberal” y “oligárquico”, en pos de un nuevo orden “justicialista”, cristalizado en la reforma constitucional que en 1949 sancionó una nueva carta magna. En ese marco, en 1947 se sancionó la Ley 13.031 que suplantaba a la ley universitaria de 1885, que, pese a su parquedad, tuvo una vigencia de seis décadas. El sistema universitario se había complejizado: se habían nacionalizado las universidades de Tucumán y del Litoral, y las viejas casas de estudio se encontraban en un nuevo proceso de modernización, tanto mediante la actualización de saberes como por la creación de institutos de docencia e investigación. El nuevo cuerpo normativo, en su Art. 4 decía:

Las universidades no deberán desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y los alumnos no deben actuar directa, ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en transgresión de ello, de suspensión, cesantía, exoneración o expulsión según el caso. Esto no impide la actuación individual por la vía legítima de los partidos políticos, pero, en ese caso, actuarán como simples ciudadanos y no en función universitaria5

El texto legal, mucho más explícito en su articulado que el de la ley que le precedía, legislaba sobre un conjunto de novedades que habían sucedido en el sistema universitario argentino desde principios del siglo XX; a título de ejemplo, legislaba sobre la docencia libre en los Art. 73 y 99, y sobre la formación en posgrado en el Art. 100. En tanto, mantenía los mismos mecanismos de recurrencia al Ejecutivo para la designación de profesores, aunque incorporaba la figura del concurso, instancia preveía a la elevación de la terna (Arts. 46, 48 a 54).

La norma procuraba, sin embargo, escindir la vida universitaria respecto de la vida política partidaria, percibida como lesiva con relación al tipo académico predominante en las universidades argentinas. En otras palabras, la reforma jurídica preveía una intervención sobre el modo en el que los miembros de la elite letrada universitaria pensaban su lugar en el espacio público, no desde la Reforma Universitaria sino desde la década de 1880. El Art. 47 decía que los docentes “No podrá[n] defender intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios… siendo pasibles, si lo hicieren, de suspensión, cesantía o exoneración” y el Art. 91 estipulaba que esos mismos motivos era causales de la pérdida de condición de estudiante universitario “sin perjuicio de las faltas y sanciones de orden disciplinario que establezca cada facultad en su reglamento interno”. Ambos artículos fijaban la correspondencia entre universitarios y vida universitaria por un lado, y aquello que se definía como intereses nacionales por el otro. Si durante la década de 1930, en el marco de la crisis del liberalismo ya mencionada, una parte de los universitarios –docentes, graduados y estudiantes– se constelaron en torno a demandas de corte democrático y antifascista, durante los años cuarenta muchos de ellos pasaron a revistar, casi “naturalmente”, en las filas del anti peronismo (Tcach, 2013): era un juicio compartido entre las izquierdas, el radicalismo y el conservadurismo liberal, que el peronismo era una variante vernácula del fascismo.

El nuevo orden político instaurado por el peronismo, visto como la continuidad de los gobiernos de la década de 1930, era ahora percibido como una amenaza para la vida universitaria, y esa percepción se veía fortalecida por el hecho de que en la Universidad Nacional de Córdoba se sucedieron dos intervenciones federales: la primera en 1943, a cargo del Dr. Lisardo Novillo Saravia, intelectual de simpatías autoritarias6 y la segunda en 1946. A ello se añadía, entre 1946 y 1947, una cantidad considerable de cesantías de docentes que debieron abandonar sus cátedras, entre ellos algunos referentes de los espacios reformistas, como los hermanos Arturo y Raúl Orgaz, vinculados al socialismo, o Enrique Martínez Paz, candidato a rector de los estudiantes reformistas durante los sucesos de 1918. Al mismo tiempo que la Ley 13.031 intentaba producir una separación entre la vida universitaria y la vida política partidaria, la demanda de autonomía universitaria empezó a declinarse en clave antiperonista para las elites letradas universitarias, reformistas o no.

En resumidas cuentas, el gobierno peronista contó con la oposición de las elites universitarias cordobesas, las cuales, además de cuestionar las cesantías y las intervenciones federales, consideraban que la nueva ley tenía claros componentes autoritarios que rediseñaban el vínculo entre universidades, universitarios y Estado.

Esta visualización del peronismo explica, en gran medida, que los jóvenes universitarios se alinearan en bloque en el anti peronismo durante los sucesos de la llamada Revolución libertadora, golpe cívico militar que en 1955 derrocó al gobierno peronista. Ensayistas ligados al peronismo como Arturo Jauretche o Juan José Hernández Arregui se mofaban, tras el golpe de estado, del fubismo de los jóvenes universitarios que nunca habían comprendido lo nacional y, por lo tanto, había tomado partido por el anti peronismo.

Consecuencia de este apoyo lineal de los universitarios a la Revolución Libertadora fueron las primeras medidas jurídico políticas que tomó el presidente Eduardo Lonardi luego de derrocado Perón, y ello incluía la derogación del corpus normativo peronista con posteridad al golpe de estado de septiembre, y el restablecimiento, por medio del Decreto Ley 477 del 7 de octubre de 1955, de la Ley Avellaneda de 1885. En sus considerandos el decreto aseveraba:

Considerando: Que es propósito inflexible del gobierno revolucionario establecer el pleno ejercicio de la autonomía universitaria, necesario requisito para salvaguardar la libertad académica y la libre actuación de los derechos de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional;

Que para ello deben derogarse los dos instrumentos legales sancionados por el gobierno depuesto con el objeto de cercenar la autonomía universitaria volviéndose a restablecer, en forma provisional, la plena vigencia de la Ley 1.597 (Ley Avellaneda) que en su reducido articulado establece los aproximados requisitos legales de un régimen universitario autónomo y propio para cada Universidad7

En un tono casi reparatorio, durante 1955 y 1956 se sucedieron, en la Universidad Nacional de Córdoba, las reincorporaciones de los docentes cesanteados, y el homenaje a quienes habían muerto en esa situación: entre otros, pueden mencionarse los casos de los ya mencionados hermanos Orgaz, y el de Enrique Martínez Paz. El mismo Ministro de Instrucción Pública, Atilio Dell’Oro Maini, firmante del Decreto Ley reseñado, apenas dos meses después firmó el Decreto Ley 6403 del 23 de diciembre de 1955 conocido como “Decreto Dell’Oro Maini”, con el objetivo explícito de continuar las tareas de organización de la vida universitaria en un sentido restaurador de la normativa pre peronista, pues se afirmaba la intención de “conservar y afirmar los principios establecidos en la Ley Avellaneda adaptándolos a la realidad de los hechos conforme a los dictados de la experiencia”. En los considerandos se reafirmaba el énfasis en la reparación a las universidades y los universitarios, pues el texto legal decía:

Que el programa de recuperación de la universidad argentina trazado por el Gobierno de la Revolución Libertadora está fundado como es público y notorio, en el principio de la autonomía, cuyo valor y eficacia ha proclamado reconociéndolo como el fundamento de la responsabilidad que incumbe a dichas corporaciones para darse a sí mismas su estructura y funcionamiento de acuerdo con las finalidades que le son propias;

Que en virtud del respeto a dicho principio ha limitado su acción a lo que es estrictamente indispensable para reparar el agravio sufrido por la universidad, sus profesores y alumnos durante la dictadura, y para asentar las bases constitución de sus autoridades legítimas8

El eje de los considerandos del Decreto Ley estaba puesto en la “autonomía universitaria”. Su lectura permite apreciar la manera en que este tema adquiría un claro perfil como tópico jurídico político, recuperando muchas demandas de los universitarios antiperonistas de la década anterior, al punto que, por primera vez, aparecía planteado en los mismos términos que podrían resultar familiares a cualquier analista de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Todo ello en el marco del mundo académico y científico de la segunda posguerra, un mundo en el cual la complejidad de los saberes había generado una densificación del entramado institucional de la educación superior. En ese sentido, si el redactor del “Decreto Dell’Oro Maini” había partido de la premisa de que era necesario mantener “el espíritu” de la legislación decimonónica aunque adaptándolo a nuevas experiencias, luego proponía que, dado el nivel de desarrollo alcanzado por las universidades, había llegado el momento “de asentar en su plenitud el principio de la autonomía, abrogando los artículos 1º inc. 6º y 3º de la Ley Avellaneda 1597, que ponen en manos del Presidente de la Nación la designación y remoción de los profesores titulares”.

A partir de ese momento, las discusiones se concentrarían en el modo de garantizar materialmente la “libertad intelectual y moral” de los universitarios y, más aún, de mantener a la cultura libre de la amenaza de los “excesos del Estado”, al punto que allí también hacía su aparición la cuestión de la “autarquía”. El énfasis sobre la autonomía y la autarquía era tal, que el Decreto Ley 6304 se pensaba a sí mismo como un momento constituyente, como el momento (re)fundacional del vínculo entre Estado y universidades.

El nuevo instrumento abría, sin embargo, las puertas para la instalación de universidades privadas en la República Argentina, pues en su artículo 28 establecía que “La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”. Esta iniciativa reformulaba los posicionamientos de los diversos actores, pues inducía, una vez más, a una parte de los universitarios a deslizarse hacia la oposición al nuevo gobierno en el conflicto que, en los años siguientes, se estructuraría alrededor de la consigna “Laica o Libre”. Quedaba de manifiesto que, si bien la noción de autonomía forjada entre parte importante de los universitarios durante el ciclo político comprendido entre el golpe de estado que en 1930 derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y el golpe que veinticinco años después derrocó al presidente Juan Domingo Perón, había quedado plasmada en un marco legal, a partir de ese momento las universidades podrían quedar libradas a los vientos del mercado.

3.

La identidad de los reformistas argentinos en general y cordobeses en particular, se ha ido configurando, a lo largo del siglo XX, alrededor de un conjunto de demandas reivindicativas, prácticas políticas y repertorios de lucha que fueron definiendo aliados y antagonistas al interior y hacia afuera de las universidades. Esa identidad es tributaria de un conjunto de “marcas de origen” que se remontan a un momento “fundacional”, situado en el relato reformista hacia 1918, pero también de la incorporación de nuevas demandas, con sus consiguientes antagonismos, que llegaron a ocupar el centro de la escena en sucesivas coyunturas críticas.

La capacidad de tales antagonismos de adquirir centralidad en las discusiones universitaria también ha dependido, a su vez, de la dinámica de los procesos sociales que, alternativamente, han contribuido a asignar a las autoridades federales el papel de aliado o adversario de las reivindicaciones reformistas. Esto último explica, en gran medida, la ubicación o no, en diferentes momentos, del problema de la autonomía como una demanda principal del reformismo.

En instancias universitarias aun acotadas en gran medida al mundo de las élites letradas, el doble consenso de fines del siglo XIX en torno al liberalismo político y al papel de las universidades en los procesos de organización estatal, crecimiento económico primario exportador y modernización social, se verían, durante la segunda década del siglo XX, medianamente disturbados pero no modificados sustancialmente por la convergencia, en parte producto de tales procesos, de la transformación del sistema político y de una mayor permeabilidad de la matrícula universitaria en expansión hacia nuevos grupos sociales. La reforma universitaria de 1918 puso en tensión algunos de tales consensos, y ubicó en el centro del debate algunas contradicciones entre aquellos acuerdos y las estructuras tradicionales de privilegio dentro de la UNC.

Pero la mencionada asunción del papel de las instancias estatales nacionales para el desenvolvimiento de la vida universitaria no fue objeto de cuestionamientos dentro de un universo de participación más bien propio de las élites letradas en el contexto de 1918. Sería, en cambio, la crisis del consenso liberal entre guerras, el factor inicial para que la cuestión de la autonomía universitaria adquiriera un lugar las preocupaciones de los reformistas. La llegada al gobierno, a mediados de los cuarenta, de una fuerza política que combinaba rasgos autoritarios contrarios al republicanismo liberal con una preocupación por la expansión de la ciudadanía social, afectaría por partida doble a los espacios reformistas pues, a la afirmación de una posición defensiva, que no era nueva, respecto al liberalismo político, se sumaban los efectos de una mayor permeabilidad del acceso a la matrícula universitaria sobre un mundo que hasta entonces no había dejado de ser un espacio acotado a las élites letradas. En este doble proceso de defensa de valores liberales pero también de irrupción de nuevos sujetos en un universo hasta entonces menos permeable a la incorporación de grupos sociales emergentes, puede entenderse la dialéctica del encumbramiento del problema de la autonomía como preocupación central de los reformistas.

Tratar de entender las tensiones al interior de esa dialéctica es una cuestión con proyección hacia nuestro presente, pues la defensa de la autonomía contra la mercantilización de la educación en tiempos de restauración neoliberal, no debe confundirse con la defensa de una “aristocracia del espíritu” que pretende aislar el mundo universitario de los procesos de transformación social aún pendientes en nuestro continente. El caso de un conjunto de estudiantes cordobeses que, tal como lo veía en retrospectiva Deodoro Roca en la década de 1930, en 1918 buscaban un maestro y se encontraron un mundo, no debe olvidarse cuando discutimos sobre el problema de la autonomía universitaria.

Notas

1. El inicio de la Reforma Universitaria cordobesa de 1918 ha sido revisitado y reconstruido en varias ocasiones, la más reciente y detallada es la efectuada por Buchbinder (2008).

2. Para una reseña de la historia de la UNC, véanse los trabajos compilados en Servetto & Saur, 2013. Tomo 1, y la narración del proceso de nacionalización en Orgaz, 1940. Sobre la Universidad de Buenos Aires, véase el clásico trabajo de Halperín Donghi, 2002). Véase además el sitio web de la UBA, http://www.uba.ar/historia

3. Disponible en http://www.coneau.edu.ar/archivos/554.pdf. Véase Rodríguez Bustamante, 1985 y Ruiz, 2010.

4. Sobre el ciclo político previo a 1946, véase Requena & Grisendi, 2013b.

5. http://www.coneau.edu.ar/archivos/543.pdf

6. Véase Tcach, 2011.

7. http://www.coneau.edu.ar/archivos/555.pdf. Subrayado nuestro.

8. http://www.coneau.edu.ar/archivos/567.pdf

 

Bibliografía

 

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