Privatización, el sentido público y la gratuidad en la universidad mexicana

• Guadalupe Olivier Téllez 
SECCIÓN: DOSSIER
• Guadalupe Olivier Téllez Socióloga. Maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco y docente del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pertenece al Cuerpo Académico: Sociología Política de la Reforma y Cambio Educativo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Sus líneas de investigación son: 1) Privatización y resistencias en la educación y 2) Movimientos Sociales y Educación. Ha escrito diversos libros y artículos en los temas de su especialidad. mariao969@yahoo.com.mx


 

Resumen

 El presente artículo se ubica en la discusión sobre la privatización y el sentido de lo público en la universidad mexicana contemporánea. Se presta especial énfasis en el tema de la gratuidad como uno de los componentes de sedimentación imaginaria asociada a la defensa de la educación pública. En este sentido, se parte del supuesto de que los referentes de análisis de la dualidad público-privada se construyen dinámicamente en un espacio simbólico flexible, en tanto se desplazan en una suerte de esfera polisémica donde los diversos actores le dan un sentido específico a las instituciones universitarias. Implica un posicionamiento frente a la universidad y a su relación con el Estado, generándose acciones sociales, económicas y políticas que impactan -y a la vez son parte- de la reconfiguración del modelo universitario mexicano en la era de las políticas neoliberales. Así, los planteamientos de “No a la privatización” y “Sí a la gratuidad” se convierten en piedras angulares de la lucha por la educación pública, frente al vertiginoso y casi incontenible ritmo de los cambios educativos.

 

Palabras clave:

 Privatización educativa, Universidad pública, Gratuidad, Educación gratuita, Protesta social.

 

Abstract

 

This article is at the discussion on privatization and the sense of contemporary Mexican public university. It is giving special emphasis on the subject of gratitude as one of the imaginary components of sedimentation associated to the defense of public education. In this sense, it is assumed that the referents of analysis of public-private duality is dynamically constructed in a flexible symbolic space, while moving in a sort of polysomic sphere where the various actors give a specific meaning to universities. It involves positioning opposite the university and its relationship with the state, generating social, economic and political actions that impact - and are part- time reconfiguration of the Mexican university model in the era of neoliberal policies. Thus, the approach of “No to privatization” and “Yes to free” become cornerstones of the fight for public education, against almost overwhelming dizzying pace of educational change.

 

Keywords:

 Educational privatization, Public university, Gratuity, Free education, Social protest.

 

Introdución

 

La universidad contemporánea se debate en una tensión constante entre el peso de su historia y los complejos escenarios del presente. En realidad, en México, la transición de la herencia decimonónica que sembró fuertes lazos entre el Estado y las instituciones a partir de la definición del carácter público de la educación, frente a un relativo proceso de desestatización es apenas reciente. Poco más de treinta años le anteceden a los cambios inminentes que trastocaron los vínculos de la universidad con el Estado, pero también con la sociedad civil. Una sociedad diametralmente distinta a la del glorioso pasado de la universidad pública, cuyo telón de fondo en la actualidad es un abigarrado contexto centrado en la economía de mercado. Los efectos directos en las universidades han avanzado de manera persistente y rápida. La desestatización, o quizá mejor dicho, la contracción de la participación financiera del Estado, ha perfilado una redirección de la gestión de las universidades donde, de acuerdo a Neubauer (2003:55) se expresan tres grandes modificaciones al sentido típico de la universidad: 1) aumento de gastos individuales para el acceso y permanencia en la universidad sea de tipo público o privado1; 2) fomento a nuevas formas administrativas vinculadas al esquema industrial y una tendencia a generar actividades empresariales dentro de las universidades; y 3) reorientación de las políticas académicas asociadas a las demandas del mercado.

De esta manera, se aborda la discusión en cuatro partes. En la primera, se inicia con un apartado de encuadre. En él, se muestran algunas de las pistas de discusión que se consideran más relevantes, o que por lo menos han tendido a establecerse en el medio académico en los años recientes, para comprender los contextos de transición del sentido de la universidad mexicana en el paso del contexto del Estado benefactor a la universidad del Estado neoliberal. En la segunda parte se abordan algunos de los procesos de privatización del modelo universitario2 que se identifican claramente en el contexto mexicano a partir de las nociones de reforma y cambio.

En la tercera parte se aborda la noción de privatización como un significante nodal, que en la actualidad adopta interpretaciones no sólo de carácter normativo y administrativo, sino que se constituye como un nodo de disputa política en la protesta social, donde uno de sus ejes fundamentales es la demanda por la gratuidad. Y aunque el escenario de identificación clara se manifiesta en la acción colectiva, en realidad la consigna que vincula el carácter público con la gratuidad está enraizada en un constructo social históricamente fortalecido a lo largo de la consolidación del Estado en materia educativa y que ante las políticas educativas actuales se enfrenta a quiebres fundamentales. Así, en nuestro actual contexto el término de gratuidad se incorpora a un significante más amplio de lo público, donde ambos se convierten en ejes antagónicos de la privatización educativa.

Por último, en el cierre del documento, se presentan un conjunto de reflexiones sobre los retos del futuro de los espacios universitarios frente a un contexto dominado por el mercado y la tendencia a la solidificación de la reducción de la participación estatal en el proyecto universitario público.

 

¿Hablar o no de privatización en la universidad mexicana? Esa es la cuestión

 

El debate sobre la privatización educativa cuenta con cerca de dos décadas de discusión en el medio académico mexicano. Y aunque es importante reconocer que no ha sido uno de los temas de mayor dominio en la investigación sobre la educación superior en los últimos años (Treviño, Olivier y Alcántara, 2013), el interés por este tipo de estudios se ha dado de manera creciente. El enfoque se ha concentrado en varios trabajos sobre la presencia y clasificación de instituciones de educación superior privada que, desde la década de los 80 del siglo pasado, han tenido procesos inusitados de expansión. Sin embargo, uno de los puntos más interesantes es que ha derivado en discutir si dentro de los procesos de cambio, que se observan con mayor claridad en las enunciaciones de la políticas educativas, subyacen estrategias de privatización del sistema.

Es necesario tomar en cuenta que lo privado y la privatización se han convertido en constructos nodales, tanto a nivel social como por sus diversos anclajes políticos. Son grandes demonios que en la práctica entran en contradicción ideológica, porque aunque se convirtieron en bastiones de las políticas neoliberales, al mismo tiempo generaron un repudio más o menos generalizado en el medio universitario pues se entiende como una limitante de la perspectiva humanista y colectiva de la educación (Olivier, 2014).

 

¿Qué se entiende por privatización?

 

Los términos de la privatización solo pueden entenderse en un marco de complejidad. Para comenzar hay que considerar que no hay un referente unívoco, pues a nivel argumentativo depende centralmente de variaciones contingenciales. Lo contingencial o contingencia, dentro de las ciencias sociales, hace referencia a aquellos procesos sociales en su conjunto (políticos, económicos, demográficos, etc.) que se desarrollan en un espacio y tiempo histórico concretos. Se suman e interactúan entre sí dando origen a una definición específica de la vida social. En dado caso “lo que es nombrado” tiene como referente los constructos imaginarios que se condicionan por dicho contexto. Por ejemplo, lo que en la década de los 60 podría entenderse como “una buena educación” se desplaza hoy día por nuevas conceptualizaciones como “educación de calidad”. No obstante, aunque parecería que el significado es el mismo, en el fondo no lo es. Sus implicaciones sociales y políticas son fundamentales pues se asientan en referentes filosófico-educativos distintos. Mientras la primera se desarrollaba en un contexto del llamado Estado benefactor, el último implica el desplazamiento de referentes de la empresa privada a la educación (Olivier, op cit).

De esta manera, en este trabajo se parte de que son factores múltiples los que entran en juego para su aplicación en la política educativa, pero también como referentes que van construyendo socialmente una idea específica de lo privado en articulación con la universidad. Una perspectiva puede plantear que lo que presenciamos es en realidad un gran crecimiento de inversión privada en establecimientos educativos más que una privatización del sistema en sí mismo. Sin embargo, la privatización no es una categoría restrictiva que alude a la transferencia del bien público al privado. Tiene un entramado más fino en tanto su nivel de penetración, como proceso social responde no solamente a los ámbitos de apropiación material y normativa. La privatización en tanto proceso y no hecho aislado, implica tanto el fenómeno de expansión de la inversión de particulares en el sector, como cambios sustantivos en el quehacer, organización y propósitos del ámbito de las instituciones públicas.

Los sistemas educativos en tanto espacios constituidos histórica y socialmente, responden a una proposición educativa arbitraria, pero también política. La conformación del perfil identitario de las instituciones universitarias es resultado de la interacción entre su construcción histórica y su carácter contingente. Es necesario considerarlo porque explica en buena medida las formas de respuesta ante procesos de cambio y también su vulnerabilidad o resistencia ante las reformas educativas. La dimensión contingente, por lo tanto, implica que la definición de lo público y lo privado, como categorías de diferenciación de las instituciones, dependen de su ubicación en el tiempo y espacio de configuración. Así, en una lectura amplia de la universidad, podemos ubicar al menos dos grandes tendencias para su estudio. Una, que coincide con Feldfeber (2009: 5-10) en que la universidad se encuentra inmersa en cambios sociales importantes que han re-direccionado su papel en el mundo, colocándose como uno de los ejes nodales en los procesos de la globalización, el desarrollo de los mercados y las necesidades de la sociedad. No obstante, también es necesario considerar en este mismo marco, otra tendencia importante que ubica la perspectiva a partir del énfasis en la dimensión del Estado (Cfr. Casanova, 2009 y Follari, 2009). Estos ejes explicativos, no son excluyentes entre sí, más bien adquieren diferente nivel de profundización siendo parte del mismo ámbito problemático.

Un ejemplo de ello es la articulación que se encuentra entre el papel del Estado frente a las universidades como espacios de “producción de bienes”; esta noción parte de una interpretación social y política en busca de la ubicación de bienes que se producen y relacionan con las fuerzas sociales y con las del mercado. Marginson (2005) propone el estudio de esta relación desde tres esferas: a) desde el punto de vista de la economía neoclásica que privilegia el bien individual en términos de su valor monetario; b) desde una perspectiva estatista, que analiza el papel del Estado como generador de bienes en función del desarrollo del sistema educativo y c) una posición dualista, a partir del estudio de condicionantes contextuales donde se sostiene que la educación contemporánea no es totalmente pública ni exclusivamente privada. Más bien puede ser predominantemente pública o predominantemente privada dependiendo del conjunto de acciones que se encuentran implicadas.

Es por ello que la noción de “acción privada” adquiere especial relevancia en este contexto argumentativo. La “acción privada”, implica la posibilidad de emprender un hecho educativo a partir de la definición de intereses, fines y metas del grupo social, económico o político que sustenta la acción ya sea de carácter público o privado. Una acción de este tipo implica la ejecución de actividades definidas en la reunión de operaciones y procedimientos acordes a los propósitos del campo de acción (Olivier, 2014). Por lo tanto, es necesario comprender los ámbitos de la “acción privada” en el terreno de la educación universitaria considerando que en su ubicación contingente está implicada la interactuación con cuatro esferas complejas: 1) los procesos recientes de reforma de los sistemas educativos a nivel mundial y nacional; 2) la definición de nuevas dinámicas del campo educativo en el marco de la globalización; 3) una perspectiva mercantilizada de la vida social; y 4) polos de tensión entre la diversidad de grupos sociales que demandan educación universitaria (Ibid).

La “acción privada” no solo alude a la ejecución de actos y decisiones en hechos específicos, implica también una orientación de principios en el terreno de lo ideológico y lo político transformándose la perspectiva sobre la cual se fundamentan los propósitos y fines educativos (Minteguiaga, 2009: 52). En este sentido la intervención de la esfera privada puede ubicarse en cinco momentos:

 

1) En el vacío generado por las restricciones financieras a la educación superior pública, específicamente en el modelo universitario y principalmente en una disminución de la inversión en infraestructura y recursos humanos desde el Estado.

2) En incentivaciones abiertas para la inversión de particulares en establecimientos de carácter privado y en la vinculación empresarial con las instituciones públicas.

3) En la implementación de políticas nacionales de evaluación, reformas curriculares y perspectivas educativas en las que subyace un fomento al individualismo, la competencia y la atomización de los procesos educativos.

4) En la reestructuración jurídica por medio de aprobación de leyes y medidas que redefinen el papel del Estado en la educación y que al mismo tiempo delegan al ámbito privado responsabilidades que le eran inherentes.

5) En el desplazamiento de un Estado-educador, como un significante asociado al Estado de bienestar, a un Estado-evaluador, vinculado al Estado neoliberal (Cfr. Casanova, 2009 y Mendoza, 2002).

 

Las implicaciones de estos procesos van más allá de la expansión de los servicios privados, que aunque no es un tema menor -principalmente en el crecimiento inminente en las entidades federativas-, su impacto mayúsculo se observa en la perspectiva que privilegia los procesos de selectividad y limitación educativa, que rompen con el principio de educación democrática deteriorándose desde sus estructuras básicas el derecho a asistir a una institución universitaria con las mismas oportunidades, condiciones y beneficios formativos. Nos encontramos ante un sistema social donde su orientación en la política económica ha desplazado el fortalecimiento público, permitiendo abiertamente la penetración de las reglas del mercado (Follari, 2009).

Algunas interpretaciones del tema también puntualizan los problemas que enfrenta la existencia de financiamientos privados en la generación del conocimiento. Por un lado implican retos de confidencialidad que pueden limitar el flujo de conocimiento, pero por otro lado también se limitan los impactos propiamente científicos al subordinar las contrataciones académicas y otras evaluaciones con un contenido fuertemente marcado por criterios empresariales (Gentili y Levi, 2005). Así, la privatización implica la combinación de presiones del mercado y paradójicamente mayor control del Estado, por tanto convierte a un sector de la educación, en instituciones comerciales. Los estudiantes dejan de serlo y se convierten en clientes. A la larga, y también contradictoriamente en su conjunto, tiende a limitar la autonomía de las universidades (Olivier, 2011a: 89).

De acuerdo a Ferrari (2005), privatizar es delegar responsabilidades públicas en entidades privadas porque se considera que el mercado es el mejor espacio de asignación de recursos. Privatizar en este sentido también es la mutación de espacios que son regulados a través de intervenciones públicas, en espacios gestionados mediante estrategias mercantiles y empresariales porque se considera que éstas son más eficientes, productivas y funcionales. En un terreno más complejo, el sentido de la privatización también permite gerenciar o administrar recursos públicos por parte de corporaciones privadas (Olivier, 2011a, op cit). En última instancia, la forma más clara de privatización es la transferencia del financiamiento educativo a los “clientes-consumidores”.

En su conjunto, las relaciones sociales en el ámbito escolar y académico tienden a privatizarse si entendemos que lo privado también alude a un campo inmaterial, es decir, a lo mío, a lo íntimo, propio, a mis intereses, a mis beneficios, a mi persona. La perspectiva educativa en nuestro actual contexto implica que la escuela deja de ser de todos. El espíritu colectivo se ha desterrado dando paso a la ley del más fuerte. Las implicaciones son mayúsculas porque el fracaso escolar también se atribuye individualmente, así como por ejemplo la exclusión, la reprobación y el abandono, devolviéndole al individuo -y a nadie más que a él y a ella- la responsabilidad de su fracaso educativo.

El sistema de creencias en las cuales se sustentó el sentido de lo público se transformó. Un traslado inevitable del carácter colectivo al individualismo, ha dado lugar a lo que Feldfeber (2009, op cit) señala como un proceso de desplazamiento en el que los asuntos públicos se privatizan y los temas e intereses privados se hacen públicos. Pero en realidad el impacto mayúsculo se encuentra en una crisis de la educación pública, no solo por sus claros deterioros materiales, sino por su reconstitución en el entramado social y en una nueva configuración de sus subterfugios conceptuales, que implican que la universidad no es un derecho social sino un servicio más, provisto por el mercado. Desde luego implica una ruptura de lo que por años consideramos el papel tradicional de la educación y un tenso proceso de constitución de lo educativo con nuevas reglas del juego.

 

Procesos de privatización en el sistema universitario mexicano

 

La reforma a la educación superior y por ende de las universidades en México, ha sido un proceso de más larga data que cualquier otro de los subsistemas educativos. En éste trabajo sostenemos que empezó con procesos de cambio lentos, pero sostenidos a lo largo de muchos años -treinta por lo menos- y la resistencia de los actores involucrados ha sido, sin duda, de las más débiles respecto a otros niveles de educación en el país, como por ejemplo en el de la educación básica. Dicha formulación parte de articular dos nociones básicas de la sociología de la política educativa: la reforma y el cambio. Más que entrar en una disertación teórica al respecto, lo que interesa destacar aquí, en términos de lo que se ha denominado procesos de privatización, es una interpretación de dichas nociones propuestas por Thomas S. Popkewitz.

Así, entendemos que los procesos de reforma contemporáneos vienen acompañados por un conjunto de políticas, normas y disposiciones orientadas a generar, a través del marco jurídico, elementos que permitan transformaciones clave en los modelos educativos. Son por lo tanto, disposiciones estructuradas que se convierten en lugares estratégicos para modernizarlos (Popkewitz 2000: 25). El cambio, implica cómo dichas normas, en tanto disposiciones políticas, se hacen presentes en acciones institucionales, no solo en términos de gestiones internas formales, sino también en el terreno de las prácticas curriculares y en general en la propia respuesta o resistencia de los actores frente nuevos escenarios de actuación. Esto implica que el cambio es un proceso de más largo aliento, pues está asociado al propio origen y desarrollo histórico de cada institución (Popkewitz, op cit: 27).

El tema de lo político, desde luego centrado en las arenas del poder, es el eje básico para entender cómo se articulan ambos procesos. La complejidad de relaciones que se generan entre estos polos de tensión, es decir entre la reforma y el cambio, generan la constitución paulatina de experiencias subjetivas, frente a la disposición normativa-formal. Este es justamente el aspecto que consideramos central para entender cómo la idea de privatización ha adquirido significados múltiples en la universidad mexicana contemporánea.

Y en este sentido regresamos a la discusión inicial en la que se plantea si los cambios en el modelo universitario en México implican una privatización, empresarialización o mercadización del sistema. A través de otras investigaciones, hemos llegado a la conclusión que las diferentes formas de definirlo son válidas en tanto se refieren a diferentes ámbitos del propio proceso de cambio, pero también depende de la institución universitaria en lo concreto a la que se hace referencia. De alguna manera la empresarialización se puede referir a los procesos de política y gestión interna que implican orientaciones de actuación determinadas precisamente por modelos empresariales en la organización de las instituciones (Olivier, 2014). No obstante, aunque ésta dimensión no se refiera precisamente a la privatización como tal, sí forma parte del entramado de la mercadización del sistema universitario en el cual se aglutinan procesos tendientes a la privatización conforme se genera una perspectiva orientada a las formas y prácticas de los sectores privados.

Algunas pistas nos indican que los términos de la privatización, empresarialización y mercadización son partes de la misma cepa. Por ejemplo, la estandarización de los procesos universitarios como marcos de medición de la calidad institucional; la productivización asentada en términos de eficiencia y eficacia; las políticas de internacionalización que podrían interpretarse como una forma de globalización que adoptan las universidades (Tünermann, 2006); la evaluación estandarizada, la fragmentación laboral, la desmovilización académica, entre otros asuntos presentes en la vida cotidiana de las instituciones, hacen compleja la distinción entre un proceso y otro pues se encuentran intervenidos en lo que denominamos mercantilización generalizada de la vida social.

Los procesos de cambio iniciaron desde la década de los 80 del siglo pasado, pero los fundamentos que le dieron mayor impulso se encuentran en las reformas normativas desde 1993, dentro del Artículo 3º y de la Ley General de Educación, las cuales entraron en consonancia con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte -Canadá, Estados Unidos y México-, donde se estipula claramente que la educación se convierte en un bien transable. En el fondo implicó una orientación hacia la privatización del sistema educativo sobre dos esquemas: a) el despliegue de la inversión de capital privado -nacional y extranjero- centralmente en la educación universitaria, no solamente en establecimientos educativos sino también se abrió la posibilidad de generar, en paralelo, el involucramiento de capital privado en servicios concesionados dentro de instituciones públicas, como servicios de cafeterías, empresas que se dedican al aseo y otras más dedicados a la renta de equipos de cómputo y servicios tecnológicos, entre otros, que son contratados con los recursos de las universidades públicas y b) una reformulación del proyecto nacional sobre la educación superior pública. Esto último implicó la expansión de la inversión estatal en el ámbito de la educación superior tecnológica y la contención financiera en las universidades no autónomas. Un aspecto poco tratado en este sentido es el deterioro de los apoyos al sistema de las Escuelas Normales3 en general y de las Escuelas Normales Rurales en lo particular, cuya relación es inversamente proporcional a la expansión de las Normales Privadas en todo el país (Olivier, 2011b: 215).

Puede decirse que el proceso de reforma -en tanto modificaciones a las leyes y normas- trajo consigo el fortalecimiento de procesos de cambio sustanciales en las instituciones universitarias, pero también hay que decir que las transformaciones se han dado de manera heterogénea. El peso de la perspectiva tecnocrática ha implicado el desplazamiento de formaciones profesionales de tipo humanístico y social, por aquellas de tipo tecnológico-instrumental. Asimismo, destaca el cambio del esquema laboral-docente, y aunque la evaluación por desempeño y productividad provienen desde la década de los 80, ésta se ha caracterizado por una profundización y sofisticación de sus procesos. Así, el modelo de estandarización bajo la supervisión de agencias y pares a la larga constituye, paradójicamente, más dependencia y subordinación de las instancias creadas para ello que ejercicio de autonomía plena de las universidades. La revisión de programas de excelencia también tienen parámetros. En este mismo sentido, a lo largo de la última década se ha cuestionado el papel, pero sobretodo la orientación del tipo de evaluaciones establecidas para las universidades públicas, mientras que de manera contraria los procesos de regulación y supervisión de las universidades privadas aún tienen mucho que hacer al respecto (Buendía, 2011).

Sin duda uno de los aspectos más evidentes dentro de las universidades públicas mexicanas se encuentra en el ámbito de la gestión. En este terreno, una definición de privatización educativa en México, implicaría la incorporación de estrategias del ámbito privado a la gestión de las políticas públicas que implícitamente permiten la disminución de la participación del Estado (Olivier, 2011a y Torres, 2001). Esto se ve reflejado en las propias disposiciones que desde los órganos de regulación de la SEP y de otras instancias relativas imponen formas organizativas a cambio de estímulos institucionales. Asimismo y de acuerdo con las tendencias observadas en América Latina, penetra en los apoyos hacia la investigación científica, condicionando la libertad de indagación por temas “rentables” (Gentili y Levy, 2005).

En esta discusión subyace otro tema también complejo, que merece un análisis aparte y es el de la calidad. En todo caso no abundaremos en este espacio el tema, sin embargo es necesario decir, solamente en términos generales, que la definición de la calidad en el sistema universitario contemporáneo, tiene múltiples aristas. Más aun cuando se trata de establecer comparativos bizantinos entre las universidades públicas y privadas. En dichos terrenos, hablar de calidad se convierte en un lugar muy pantanoso porque se tiende a aislar la discusión del ámbito diferenciado en el que se constituye el aprendizaje y los contenidos de las múltiples formaciones profesionales y de posgrado dentro del contexto de enorme heterogeneidad del sistema universitario mexicano. Es menester entender que precisamente su compleja indeterminación hace que su manejo se inserte en diversas arenas políticas. Los polos de tensión se encuentran en argumentaciones dominantes que legitiman las reorientaciones en las reformas educativas, pues no puede ocultarse el énfasis de la perspectiva empresarial dentro del diseño de medición de la calidad. La necesidad de mostrar resultados aparentemente tangibles, orienta reiteradamente hacia la estandarización definiéndose pruebas –de diverso signo- básicamente de tipo cuantitativo que someten a la academia, estudiantes e instituciones en franca competencia (Cfr. Aboites, 2012; De la Garza, 2004; Andere, 2003).

 

Privatización frente a gratuidad: nuevo marco de las protestas sociales

 

La sociedad se mueve. Estamos en una etapa de fuertes movilizaciones en todo el mundo y concretamente México transita por una etapa socialmente conmocionada. Las frecuentes crisis de gobernabilidad frente a los embates de las presiones del modelo neoliberal, la corrupción y la inseguridad aparecen en el nuevo mapa social mexicano como constantes afrentas a la ciudadanía en los años recientes. En este mapa aparece la educación universitaria como una entidad trastocada por las circunstancias de la historia del presente.

La privatización se ha convertido en un concepto básico en las protestas de diverso signo. La confrontación que opone lo público y lo privado, ha caminado y protestado en las calles de todo el país. Interpela a muchos sectores, desde las consignas de maestros y estudiantes en un grito agudo de: ¡No a la privatización de la educación!, hasta los movimientos de trabajadores, sindicalistas y de muchos colectivos sociales y políticos que se pronuncian por el freno a la privatización del petróleo, la energía eléctrica, el sector salud, el arte, los macro proyectos, entre muchas cosas más. A partir de la proposición de Laclau y Mouffe (1990) sobre la construcción del campo metafórico que construye el imaginario social, puede observarse que el entramado político-argumentativo de oposición privatizadora, tiene uno de sus acicates en el tema de la gratuidad.

La protesta, en sus expresiones performativas y claramente en la toma del espacio público, da muestras de manera abierta pero también de manera simbólica, de la interpretación social sobre la universidad pública. Esta es una elucidación que tiene fundamentos de un pasado que en las bocas de los manifestantes se resiste al olvido. La educación pública, en tanto democrática es entendida como aquella al servicio al pueblo, por lo tanto accesible y gratuita4. Los jóvenes en edad de asistir a la educación superior se encuentran en la actualidad en la mayor de las incertidumbres. La universidad pública dejó de ser de todos. Las opciones educativas provistas por el Estado y los particulares, en el fondo no han sido opción, sobretodo frente a un panorama de competencia feroz que lucha por un lugar en el ámbito público (Guzmán, 2013) toda vez que es el más barato, aunque se entienda como gratuito, lo que por cierto nunca ha sido así.

La asociación directa de universidad privada como educación de paga, es un peso significativo al interior de una sociedad sumamente diversificada y estratificada, cuyos niveles de ingreso de las familias transitan por una de las caídas más estrepitosas de la era moderna del país. Y desde luego, el factor de identificación de clase también se hace presente en las luchas sociales. La gratuidad se presenta como un corolario opositor a la privatización educativa. De ahí la importancia de realizar estudios más profundos que permitan discutir sus implicaciones políticas frente a la demanda educativa. En relación a ello, desentrañar el significado profundo de la privatización, no como idea, ni consigna, sino como proceso de transformación de la vida social, tiende a ser poco visualizado y en tal sentido se ha limitado su interpretación.

Puede tomarse solo como un ejemplo el movimiento de la UNAM de 1999. La principal lucha, o por lo menos aquella que abre el movimiento, es contra la elevación de las cuotas a los estudiantes. Fue claramente una consigna fundamentada en: “No a la privatización de la UNAM-NO al aumento de cuotas” y en este sentido una oposición clara al modelo de educación neoliberal. Si bien es cierto que el conjunto de iniciativas de reforma en el que se incluyó el tema del sostenimiento público a las universidades, que derivó en el asunto de las cuotas, le antecede una serie de estudios y recomendaciones tanto del Banco Mundial como de otros organismos, el debate se centró en una primera etapa en el tema de la gratuidad (Dorantes, 2006).

Es muy interesante observar justamente cómo el tema de no a la privatización y la preservación de la educación pública, se concentró en su mayor parte en el tema de la gratuidad. Mientras el movimiento se complejizó en los meses subsecuentes, uno de los triunfos fue el no aumento a las cuotas estudiantiles, sin embargo, esto no detuvo la fuerza de procesos paralelos que implicaron la penetración de formas renovadas dentro del funcionamiento de la universidad. Aspectos que son poco visibles en el conjunto del devenir universitario, vinculados a empresas y a entidades particulares. Desde luego la UNAM es la universidad pública por excelencia en México, nadie podría dudar de ello, es quizá la institución superior con las cuotas más bajas dentro del conjunto de las universidades en el mundo. Pero este factor no la aísla en su totalidad de las enormes fuerzas del mercado que rondan a las instituciones universitarias en un contexto de mercantilización (Cfr. Gascón y Cepeda, 2004; Didrikson, 2009). Si tomamos esta afirmación como cierta, el resto de las universidades públicas mexicanas se encuentran en un importante terreno de vulnerabilidad al respecto.

En el actual contexto el Estado ya no es un garante de la educación popular y éste hecho se constituye como un tema de pugna política entre el Estado y la sociedad. El espectro más amplio en el que se inserta la dinámica de las universidades frente a este marco de disputa es, como se ha mencionado antes, la mercantilización generalizada de la vida social. Así, no solo se expresa en la inversión directa de particulares en las universidades, sino que se manifiesta al mismo tiempo en nuevos referentes que dan una lectura de la vida a partir de la competencia donde priva, como valor más preciado, el sentido del éxito individual. En este marco es pertinente preguntarse ¿qué implica la lucha por la educación pública?, ¿es una postura radical que marca una negativa a la propiedad individual, o indica más bien una exigencia de educación para todos? La gratuidad como parte de la defensa de lo público, integra otros factores igualmente relevantes. La gratuidad habla, sistemáticamente, de un acceso a la educación bajo oportunidades equitativas.

 

A manera de cierre

 

Nuestro tiempo está signado por un contexto de grandes paradojas y arenas de tensión. El futuro del modelo de universidad en México, tal como se ha entendido a lo largo del siglo XX, con un carácter dominantemente público producto de la propia consolidación del Estado mexicano, se encuentra en proceso de resignificación. Hay que tomar en cuenta que el avance hacia la expansión del sistema de enseñanza universitaria en el país, a pesar de sus desigualdades y contradicciones, fue posible a partir de una política pública sólida donde el Estado se constituyó como el eje nodal (Casanova, 2009).

El proyecto económico se ha transformado desde la década de los 80 del siglo XX y con ello, la configuración de estrategias políticas que han derivado en reformas educativas inusitadas. En otras palabras, la era del Estado benefactor no volverá más. ¿Qué alternativas le quedan a la universidad en México, dentro de su coexistencia público-privada? Son nuevos escenarios los que retan a las instituciones universitarias y a los actores educativos en términos pragmáticos, pero también en el sentido de una reconstitución de los principios filosóficos y éticos que le dan sustento al sentido de la educación.

La fase de transición del “viejo modelo” al “nuevo” tiene fuertes implicaciones, no solamente es apuntalar hacia una resistencia al cambio, como se ha planteado principalmente desde las esferas políticas. Tiene otras consecuencias poco visibles y estudiadas. Es cierto que en el mundo los referentes y formas de organización social han cambiado, sin embargo, pareciera que la desigualdad económica y educativa se ha subido en un tren mucho más lento, en un camino sumamente pedregoso y en algunos casos con fuertes retrocesos. Las diferenciaciones entre las universidades mexicanas, en comunidades y personas concretas, al pasar del tiempo siguen ahí en un entramado complejo donde se embate entre la acumulación de viejos problemas y nuevos retos. Y es precisamente ahí en los rostros del trabajo cotidiano donde lo humano cobra realidad, donde los términos de la competencia, la eficiencia, la eficacia, la calidad, la excelencia y la pertinencia productiva, como asideros ásperos desplazados al discurso educativo, cobran otro significado. Precisamente en los contextos educativos históricamente invisibles, donde la justicia y el progreso siguen todavía en una larga espera.

Notas

1. En México, a la educación impartida por sectores de inversión privada, se le denomina legalmente “educación particular” o “educación impartida por particulares”, oponiéndola, por definición, con aquella que ofrece el Estado, es decir, la de tipo público. Por razones de convencionalismo académico, en el presente artículo la denominamos como privada.

2. El propósito del artículo es referirse únicamente al modelo universitario que junto con los institutos tecnológicos y otras escuelas, conforman la compleja diversidad del sistema de educación superior mexicano. De esta manera, es necesario aclarar que la utilización del término universidad no abarca el sentido amplio del sistema, con todos sus niveles y tipos educativos, aunque se reconoce que el impacto del contexto de mercado es general para todo el sistema educativo.

3. Nos referimos a las escuelas para formación del profesorado las cuales están dentro del sistema de educación superior.

4. Estas afirmaciones se recogieron de entrevistas a activistas del Movimiento de Aspirantes a la Educación Superior, en las movilizaciones realizadas en la promoción de ingreso 2014. Se realizaron sobre una base E=12, de las cuales ocho fueron en uno de los plantones en la Rectoría de la UNAM, las cuatro restantes se realizaron a participantes del movimiento que lograron su ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

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