En busca de universidad. Santo Domingo, México y Lima en el siglo XVI

• Enrique González González 
SECCIÓN: DOSSIER
• Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Historia por la Universidad de Valencia España. Ha publicado varios libros y artículos sobre tres de sus principales temas de interés: el humanismo renacentista y su presencia en el Nuevo Mundo, la historia de las universidades hispánicas y la historia del libro. En 2008 recibió el Premio “Edmundo O’Gorman” del INAH, y en 2010 la beca Guggenheim. enriqueg@unam.mx



Resumen

 Este artículo está centrado en el establecimiento de las primeras universidades en América. Analiza los casos de las tres primeras ciudades –Santo Domingo, Lima y México– en las cuales se implantó la institución. El texto describe los complejos procesos de creación institucional los cuales involucraron factores tales como la situación política, social y económica del lugar, el papel de las élites locales y, de manera especial, la actitud de la corona, que siempre se mostró renuente a desembolsar fondos para el establecimiento de las instituciones. Por lo mismo, si bien las cartas monárquicas o pontificias de creación de las universidades les daban fundamento legal, las condiciones específicas de cada ciudad o territorio fueron las que determinaron la consolidación o el fracaso de tales experimentos.

 

Palabras clave: 

Historia, Universidad, América Latina, Colonia, México, República Dominicana, Perú.

Abstract 

This article focuses on the establishment of the first universities in America. Analyzes the cases of the first three cities –Santo Domingo, Lima and Mexico– in which the institution was introduced. The text describes the complex processes of institutional creation which involved factors such as political, social and economic situation, the role of local elites and, especially, the attitude of the crown, always reluctant to disburse funds for the establishment of institutions. Therefore, although the monarchical papal letters or creation of universities gave them legal basis, the specific conditions in each city or territory were those that determined the consolidation or failure of such experiments.

 

Key words: 

History, University, Latin America, Colony, Mexico, Dominican Republic, Peru.

 

Las primeras universidades del Nuevo Continente

 

En la primera mitad del siglo XX, estalló una polémica acerca de qué país alojó a la primera universidad del continente americano. La República Dominicana, Perú y México se disputaron la primacía en el tiempo.1 Durante décadas, cientos o miles de páginas alimentaron tan estéril debate, en el que cada país se declaraba ganador, sin importar el peso de las pruebas y los argumentos de las otras partes. Hasta la fecha, las universidades de Santo Domingo y de San Marcos siguen anunciando en sus respectivos lemas, el título de “primada”.2 Semejantes porfías, antes que esclarecer el pasado con los instrumentos de la crítica histórica, tenían por fin “salvar el honor” nacional de cada contendiente. Buena parte de la historiografía se tiñó, o aún sigue impregnada, de semejantes alegatos.

Por suerte, desde el último cuarto de la pasada centuria, la historia de las universidades se viene abriendo a más amplios horizontes. Busca comprender el papel jugado por tales instituciones en cada sociedad y época, su estructura interna y, muy en particular, ha emprendido estudios para contar y conocer mejor a las poblaciones escolares, hasta donde las fuentes permiten: cuántos estudiantes y graduados tuvo cada una, cómo y por qué fluctuaron las cifras a lo largo del tiempo, qué facultades eran las preferidas, los campos de trabajo que se abrían a los graduados, etc. El interés se desplazó, de la exaltación de sus “hombres ilustres”, al intento por explorar al conjunto de los miembros. También se ha interrogado por el peso de los poderes que, desde fuera, gravitaban en la vida interna de las academias. Además, ha insistido en que las universidades no son, ni fueron, hechos aislados y únicos, sino que eran parte de tramas regionales, nacionales o internacionales. Por tanto, los estudios comparados resultan indispensables, pues sólo es viable definir a una institución si se exploran las semejanzas y diferencias con sus pares. De ahí la tendencia reciente a agruparlas en modelos, en función de características comunes.

Los modelos universitarios del mundo hispánico durante la época medieval y moderna han sido estudiados ante todo por Mariano Peset et al. (2011) quien apunta que no se trata de formatos rígidos y estáticos, sino que deben describirse a partir de una serie de rasgos compartidos por cierto número de instituciones, mismos que en otras no se advierten, o tienen menor relevancia. Además, los modelos se modifican con el tiempo, y una misma institución puede mudar su estructura al ser objeto de reformas de cierto calado.

Peset habló de cinco estilos principales en la península. El primero lo aplica a las surgidas en la edad media, como Salamanca y Valladolid, y que define como claustrales, pues se autogobernaban con base en un conjunto de juntas académicas, llamadas “claustros”, presididas por un rector, miembro de la comunidad. Gozaban de rentas para su sustento y ellas las administraban. Solían graduar en las cinco facultades tradicionales de artes, teología, medicina, derecho civil (leyes) y eclesiástico (cánones); además, ellas definían los mecanismos para designar a sus catedráticos. Con todo, desde el siglo XVI esa autonomía fue siendo diezmada por una creciente interferencia real. También surgieron en la edad media las universidades municipales, así llamadas porque los ayuntamientos tomaban la iniciativa de crearlas; ellos las financiaban, legislaban y controlaban de modo cada vez más estrecho. Son típicas de la corona de Aragón y se fundaron entre los siglos XIV y XVI.

Las universidades activas en la península ibérica a fines de la edad media se contaban con los dedos de la mano. En cambio, en la última década del siglo XV y en el XVI, surgieron casi treinta, de nuevo cuño, en Castilla y Aragón. Un rasgo común fundamental fue su dependencia, por así decir, estructural, respecto de autoridades o poderes externos. Es decir, se regían por normas que su fundador dictaba; otras veces, el rector no pertenecía a la comunidad, o ésta carecía de facultades para elegirlo. El más difundido en Castilla se llamó colegio-universidad y empezó en Sigüenza, en 1489. Un particular, casi siempre un alto clérigo, fundaba un colegio para alojar a cierto número de estudiantes becados -los colegiales- que se gobernarían a sí mismos por un rector designado entre sus colegas. Además, el fundador dotaba algunas cátedras y obtenía las licencias de la autoridad secular y eclesiástica. Más tarde, el papa y el rey permitían a esos colegios otorgar grados. En ese modelo, el rector del colegio también rige a la universidad, que funciona bajo el mismo techo, y depende de sus rentas y de las cátedras instituidas. El ejemplo más notable fue Alcalá de Henares (1499), cuyo riquísimo colegio mayor y su rector presidían a la universidad y a varios colegios menores. Pero por lo común, eran instituciones pequeñas, con seis o doce colegiales y pocas cátedras. Resultaban, pues, relativamente fáciles de fundar y sustentar.

Desde mediados del siglo XVI, varias órdenes religiosas –ante todo la dominica– ganaron bula para que el prior de cierto convento graduara en su claustro. Esas universidades-convento surgían sin necesidad de rentas, y apenas si significaban gastos adicionales, pues las aulas y los lectores del estudio conventual eran los mismos de la universidad. Por tanto, la vida corporativa de los universitarios apenas si existía, pues no participaban en la elección del rector (siempre el prior conventual), en la designación de los lectores ni en el gobierno, pues los claustros, de existir, carecían de carácter gubernativo. Además, podían funcionar sin siquiera darse estatutos. Y aun de haberlos, el prior-rector tenía la última palabra; solía graduar a su arbitrio en cualquier facultad, incluso en derecho y medicina, por más que esas cátedras no se dictaran en sus aulas. Sus enemigos las acusaban de no ser otra cosa que una licencia para graduar. En América, el modelo se introdujo en docena y media de universidades.

Por fin, en España hubo una sola universidad real: Granada (territorio recién conquistado a los infieles moros). La creó, financió y legisló Carlos V. Tenía como finalidad promover la conversión de los vencidos. Se inauguró en 1531 y adoptó una organización interna de tipo claustral, al estilo de Salamanca, con las limitaciones derivadas de su sujeción a la corona (González, 1995). En el Nuevo Mundo, donde los reyes debían cristianizar a los pueblos conquistados, el modelo tuvo gran aceptación, pero su implantación fue dificultosa y no siempre se logró.

Durante el dominio español en América operaron unas 27 universidades en 15 ciudades, según tres principales modelos: reales, conventuales y –sólo desde comienzos del siglo XVIII–, un tercer estilo, el de las ligadas a un seminario conciliar (González 2010, González y Gutiérrez 2015).3 Algunas funcionaron menos de medio siglo; otras, casi tres. A veces, al surgir una nueva en cierta ciudad, las dos o tres preexistentes debían cerrar. Unas lograron aceptable estabilidad; muchas otras arrastraron una existencia precaria y conflictiva.

Los conquistadores que permanecieron en las nuevas tierras, debían fundar ciudades e instituciones a la manera europea, capaces de garantizar el control y usufructo de los pueblos nativos (o de los que sobrevivieron al proceso de conquista y colonización). Incluso si surgían sobre despojos de sitios indígenas, los nuevos centros se estructuraban en forma de damero, con la plaza principal al centro, la iglesia mayor en un flanco y, en los demás, las autoridades restantes, municipales y reales. Un formato que reproducía la estructura del poder al distribuir jerárquicamente a los miembros de la naciente sociedad en razón de su relevancia social, política y económica (Rama, 2004). El aparato de gobierno imperial debía filtrar las redes hasta los lugares más apartados, lo que exigía un ejército de administradores en lo secular y eclesiástico, y no todos se podían enviar desde la metrópoli.

Por otra parte, en especial desde 1542, con las Leyes nuevas, la corona declaró la guerra a la encomienda. Primero, para mermar el poder de los levantiscos colonos, que pretendían volverse señores de vasallos. También para frenar la mortandad de los naturales que, a más de estar “repartidos” en encomiendas, prestaban todo tipo de servicio personal compulsivo y gratuito a los colonos. Por fin, para que aquellos indios que dejaban de servir a un encomendero, pasaran a “la real cabeza”: es decir en lo sucesivo tributarían para el rey.4 Pero un proceso de reestructuración social tan drástico, debía ofrecer alternativas a unos colonos inconformes con los cambios, y renuentes a “rebajarse” realizando oficios manuales. Por una parte, se les abrió paso, mediante mercedes, a grandes explotaciones agrícolas y ganaderas, con fuerza de trabajo asalariada; por la otra, a cargos administrativos. El trabajo de los naturales seguiría siendo la principal fuerza motriz de aquella sociedad. Con todo, por así decir, a cambio de indios, se prometían tierras y empleos a los colonizadores.

Pero los cargos ofrecidos exigían letras. Era pues forzoso alfabetizar a los candidatos, algo que podía aprenderse en casa o con el cura local. No sólo era cuestión de alfabetizarse, también debían aprender gramática latina y humanidades, bien con un preceptor privado o en un colegio, en especial desde que se estableció la compañía de Jesús, en los años setenta del siglo. A continuación, había que cursar artes o filosofía, prerrequisito para ingresar a casi todos los estudios posteriores. Muchos colegios y conventos impartían el curso trienal de artes. Por fin, la destreza en teología o en leyes franqueaba el paso a cargos de rango medio o altos. Y si bien la teología se podía cursar en unos cuantos colegios seculares o regulares, el derecho sólo se impartía en contadas universidades, ante todo en las de carácter real (González, 2011). La medicina era otra opción, pero solían buscarla, sin que se sepa a fondo por qué, los estudiantes más pobres. Sólo a partir del siglo XIX, con las políticas liberales de salud pública, se revaloró esta profesión. Durante la colonia, en cambio, fuera del cargo de protomédico, o el servicio a familias pudientes, hospitales y conventos, ofrecía muy pocas opciones de colocación: españoles e indios recurrían a las curas tradicionales.

Con independencia del lugar donde se cursara y del tipo de estudios realizados, no bastaba con la formación literaria. Los solicitantes debían dar pruebas de su eficiencia para desempeñar el cargo pretendido. ¿De qué modo? Las universidades eran la instancia óptima de certificación, mediante sus grados de bachiller, licenciado y doctor. Si bien había muchos lugares donde estudiar, sólo a una universidad se le permitía graduar. De ahí que cabildos, autoridades civiles y eclesiásticas, y frailes estuviesen de acuerdo en la necesidad de instaurar una universidad en su ciudad. Eran unas demandas con claro enfoque pragmático: su instauración permitiría a los hijos de conquistadores y de pobladores el acceso a empleos “dignos”; además, si los jóvenes se ocuparan en “letras y virtud”, tendrían menos tiempo para conspirar.

Por lo demás, no se pretendía que la formación universitaria llegara a toda la población. Era una instancia en favor de la casta europea. Sólo en casos excepcionales abrió sus puertas a los indios, siempre que fueran reconocidos como caciques. Con el tiempo, a medida que la población mestiza se expandía, las universidades disimularon, permitiendo el paso de castas, y hasta de mulatos. En fin de cuentas, los mecanismos de exclusión, antes que fundados en cuestiones raciales, dependían de los estamentos. Un padre con estatus de español podía bautizar como tal a un hijo, sin importar las mezclas que hubiesen intervenido en su gestación. O cuando un indio se declaraba español, si el cura lo admitía, el vástago pasaba a ser legalmente español (Alberro y Gonzalbo, 2013).

En ambos lados del Atlántico había un indudable consenso sobre los beneficios que generaría la implantación de universidades en las principales ciudades del imperio, pero no todo era cuestión de voluntad. Había que crearlas desde cero. Erigir una sede, conseguir maestros, libros, convocar estudiantes, pero, ante todo: hallar el modo de financiarlas. Este sería el problema nodal (González 2010 y González y Gutiérrez 2015).

En el siglo XVI, las tres metrópolis de Santo Domingo, Lima y México hicieron esfuerzos por fundar y consolidar universidades.5 Ese hecho propició la polémica en torno a cuál corresponde la primacía. Se trata, sin embargo, de una cuestión de gran complejidad, que no se reduce a la pregunta por el orden de aparición. Antes bien, obliga a examinar las difíciles condiciones que acompañaron las diversas tentativas, en escenarios bien distintos de los que privaban en Europa a principios de la edad moderna, cuando decenas de ciudades, y no sólo en España, abrían universidad.

 

En tierra de “gran necesidad”: Santo Domingo

 

Conviene recordar que Santo Domingo fue la primera gran ciudad española de las Indias. Por más de medio siglo, a ella aportaban todas las naves venidas de España, y de ahí partió la expansión de los conquistadores a las otras Antillas y al continente. Por lo mismo, Diego Colón se asentó en ella en 1509, con título de virrey, y en 1511 se creó una audiencia real y una sede episcopal. Por otra parte, si bien rara vez faltaban clérigos o frailes aventureros entre los expedicionarios, las órdenes religiosas empezaron a fundar conventos desde la primera década del XVI. Los dominicos, o predicadores, se asentaron en 1509. (González, 2010; González 2013).

Entre tanto, la guerra, las epidemias, más la brutal explotación de los nativos, ocasionaron su temprana extinción. Del más de medio millón mil que los demógrafos estiman para la isla en 1493, en 1519 quedaban dos mil. Se habían agotado también las vetas someras de oro, y los españoles volvieron a Castilla o buscaron mejor fortuna en otras islas o en el continente. Los casi diez mil colonos de 1505, se habían reducido a tres millares en 1515. La importación masiva de negros y el cultivo de caña de azúcar posibilitaron unas décadas de mejoría. Con todo, en 1568 se calculó que la capital tenía entre dos y tres mil españoles, mientras las otras ciudades se vaciaban. En el reto del periodo colonial, la cifra apenas variaría (Moya Pons 1973). Los intentos paralelos de fundar universidad en la isla, corresponden a los años centrales del XVI, durante la incierta recuperación que cesó en definitiva al cabo del siglo.

En 1537, un próspero estanciero, Hernando Gorjón, ofreció sus bienes al rey para dotar un complejo plan de hospital-colegio-universidad, más fondos para casar españolas pobres que ayudaran a poblar la isla. Él, por cierto, era soltero. Llegó en 1502 y quizás fue encomendero. Extinguidos los indios, se adaptó a los nuevos tiempos comprando un ingenio de caña de azúcar que circundó de plantaciones cuyas cosechas lo alimentarían. Cien esclavos lo servían. Falto de formación literaria, habló de fundar un “colegio general”, con los privilegios de Salamanca, donde se leyesen “todas las ciencias […] necesarias para rehedificación de nuestra santa fee cathólica”, y así formar evangelizadores. A cambio, pedía ser creado caballero, que se le declarara patrono, y licencia para traer 150 negros sin pago de derechos. El rey aceptó en lo general; además, pediría a Roma las bulas, a condición de retener la jurisdicción. Pero, Gorjón, que tanto había invertido en capitalizar su heredad, fue llevado a la cárcel por sus acreedores, donde pasó más de dos años. Salió enfermo, y minada su fortuna. Murió en 1547. En vez de los 80,000 pesos iniciales, la subasta de sus bienes dio 23,000. Se descartó el plan del hospital y el fondo se situó en una escuela de latinidad que desde 1538 sostenía el cabildo. Éste fue designado albacea por el donante, y le heredó una mitad del patronato; la otra, al rey, quien expidió una cédula, en 1558, por la que dio rango de universidad real al colegio, concediéndole por “docte y hazienda propia” el legado de Gorjón.6 En enero de 1561, el rey envió a dos frailes dominicos a leer teología, mientras la cátedra de latinidad se mantuvo. La ciudad esperaba aumentar las rentas y becar a unos cuantos colegiales. Pero no fue así (González, 2010).

Por una parte, la moneda local se devaluó drásticamente; quienes tomaron a censo los bienes de la universidad se obligaron a pagar en pesos de 450 maravedís, pero para 1579, los pesos valían 39.7 Peor aún, en 1563 el rey bajó la tasa de los réditos del 10 al 7.5%, con la consiguiente reducción de los intereses (Martínez 1995: 37). Los regidores, garantes del capital, lo mermaron por diversas vías. Además, en tanto que albacea, la ciudad estaba mal dispuesta a permitir la intervención de los oidores, a pesar del carácter real de la institución. La autoridad eclesiástica apenas si tuvo presencia; en parte, por una sede vacante que, en la práctica, duró tres lustros. Así, cuando el deán se presentó en 1562 con una cédula real para visitar la universidad, el rechazo fue tal, que los dos lectores de teología renunciaron, mientras el de gramática fue a la cárcel, acusado de luterano. De ese modo, apenas inaugurada, entró en una larga crisis, de la que quiso sacarla el visitador real, Rodrigo de Ribero, en 1580. Saneó las finanzas, obligando a pagar a los deudores remisos. Logró recuperar 1500 ducados “de buena moneda” que puso a censo; dictó estatutos, creó cátedras jurídicas y privó a la ciudad y a los oidores de todo papel en la institución pues puso su gobierno bajo el control exclusivo y directo del presidente de la audiencia. Es de notar que los puntuales estatutos no contemplaron la figura de un rector, ni la colación de grados, función por antonomasia de toda universidad.

Ahora bien, los dineros recobrados por el visitador tocaban intereses muy sensibles y, apenas llegar el nuevo presidente, en 1583, se desmanteló toda la reforma de Ribero. En vano hubo nuevos visitadores en 1592 y en 1599, cuando ya sólo se leía gramática. Al entrar en la ciudad el arzobispo fray Agustín Dávila Padilla (1599-1604), halló escasos obstáculos para reconvertir la sede del colegio, y el resto de sus rentas, en seminario conciliar. La universidad real había fracasado.

Durante esos mismos años, los predicadores de la Española se empeñaron en crear una universidad supeditada a su orden. En 1518, el capítulo general, en Roma, incorporó su convento.8 El de 1530, aprobó la creación de una provincia autónoma, Santa Cruz, con jurisdicción sobre todas las Indias. Dos años después, los frailes de Nueva España se rebelaron y lograron crear una segunda: Santiago. En 1539, los peruanos hicieron lo propio y surgió la de San Juan Bautista; a ella siguió muy pronto la de Chiapas y Guatemala. En vista del imparable proceso de disgregación, los frailes insulares habrían ensayado un último recurso: crear una universidad que fuese la única de todas las Indias, con la esperanza de atraer a su convento a religiosos y seglares en busca de lecciones y de grados. De ahí la bula de Paulo III, en 1538 (González, 2013).

El primer curso de teología lo inauguró fray Tomás de San Martín en 1532; debía durar cuatro años, pero lo abandonó a mitad del primero. La situación mejoró paulatinamente con la designación de nuevos lectores, y en 1551, Roma reconoció al estudio el rango de universidad de la orden.9 Por tanto, la bula de 1538 se ganó antes de que el estudio conventual se hubiese afirmado, y sin contar aún con el refrendo del capítulo general. Se expidió a solicitud del provincial, prior y frailes de la isla, pero no de las autoridades centrales de la orden -sólo pasó a su bulario oficial en 1732- ni del rey, quien nunca la confirmó. Además, se ganó en un momento singularmente crítico. Fray Bernardino Minaya logró, en 1537, la famosa bula Sublimis deus, por la que Paulo III reconocía plena humanidad a los indios, algo que provocó una tormenta política en la corte. Se ordenó recoger esa carta y las demás ganadas por el fraile sin licencia real, y él fue encerrado varios años en la cárcel inquisitorial de Triana (Assadourian, 1998). Carlos V ordenó que, en adelante, todas las bulas para Indias se impetrarían a través suyo, so pena de nulidad; y en septiembre de 1538 expidió una cédula que invalidaba todas las que circularan sin su aval expreso: el llamado pase real. Además, mandó confiscar cuantas las autoridades descubrieran faltas del pase. Así pues, la ganada el siguiente mes por los dominicos surgía en plena borrasca, evadía las recientes disposiciones reales, y de ningún modo era para proclamar. Consta que llegó a Santo Domingo, al parecer de modo subrepticio, hacia 1542, año en que se le hizo una copia notarial.

¿Cuándo y cómo empezó a usarla el convento? Todas las fuentes directas se han perdido. Los autos del juicio de residencia a un presidente de Santo Domingo, en 1559, muestran que, apenas arribar la bula, se dieron unos pocos grados de doctor; cesaron después por varios años, hasta que en 1555 se doctoró a un médico, contra el veto de la audiencia, por carecer la bula de pase real. Lo mismo alegó el oidor Santiago del Riego en 1568, cuando sometió el caso a la corte y pidió la anulación de todos los grados concedidos. Al parecer, entonces confiscó la bula. En 1570, el convento solicitó en vano el pase, y por varias décadas se pierde el rastro de la carta y noticia de nuevos grados. Tal vez el mismo convento la olvidó, pues hay un silencio generalizado por parte de oidores, viajeros, y aun los memoriales de la orden.

Entre tanto, las noticias sobre el estado de la isla y el convento eran dramáticas. Ataques de corsarios. En 1585 Francis Drake saqueó la ciudad durante un mes; se llevó hasta las campanas; se perdieron archivos. Languidecía el comercio, pues los productos de la tierra no se exportaban, y el ganado no valía. Las fincas de cacao se perdieron y, conforme morían los esclavos, mermaba el cultivo del azúcar. Al menos esas eran las quejas. Los frailes –rara vez más de cuarenta- hablaban de escasez de alimentos, hábitos, libros de coro. Habían perdido incontables capellanías. En 1683 se desplomó el techo de su iglesia, que seguía a la intemperie diez años después…

Con todo, en 1632 el convento dio cuenta a sus superiores de la bula, de cursos, y de que graduaban incluso en leyes y cánones. Todo indica que el estudio conventual se mantuvo en pie al menos desde mediados del siglo XVI, con los inevitables altibajos, pues a veces tan sólo se leía gramática. En cambio, como escribió el dominico fray Diego de la Maza en un Memorial de 1693, apenas si se otorgaban grados, y muy esporádicamente; tanto, que sólo fue capaz de mencionar los nombres de tres difuntos y de siete vivos, todos ellos, dignidades o canónigos. Se borlaba, pues, al arbitrio del prior. De ahí que, cuando la universidad de La Habana solicitó a Santo Domingo copia de sus estatutos, en 1728, el prior debió admitir que nunca habían existido.

La precariedad evidenciada por ambos ensayos de universidad, pone de manifiesto que, cuando las condiciones materiales y sociales no eran favorables, una cédula real por sí misma, o una bula pontificia, eran insuficientes para dar vida a una institución estable y sólida. Menos aún, si la carta del papa carecía de licencia real.

 

Lima. De la universidad dominica a la real

 

A pesar de la competencia de Cuzco –la antigua capital incaica-, Lima se perfiló muy pronto como la principal ciudad española del hemisferio sur, desde que la fundara el conquistador y gobernador Francisco Pizarro, en 1535. Dos años después los colonos se dividieron entre los seguidores de éste y los de su socio y rival, Diego de Almagro. Las hostilidades estallaron en 1537; Almagro fue degollado en 1538, y Pizarro, en 1541. Los bandos cambiaban día a día; nadie estaba seguro en las ciudades, y las batallas eran cada vez más sangrientas. Las rebeliones cundieron de Quito a Chile, con especial crudeza en Cuzco y Charcas. Además, los incas seguían amenazantes. Fueron tres lustros de agudos conflictos conocidos como “las guerras civiles” (1537-1554).

La muerte del gobernador-conquistador permitió el envío de autoridades designadas desde la metrópoli, y se erigieron el virreinato y la audiencia (1543). Pero la coyuntura fue tan mala, que los oidores depusieron al virrey, que murió decapitado en 1546. A los conflictos internos se sumó el rechazo a la orden real de aplicar las Leyes nuevas (1542), que reducían el poder de los encomenderos: sus indios pasarían a la corona al cabo de una o dos generaciones. El gobernador Pedro Lagasca logró una aparente pacificación (1546-1550), pero apenas partir (enero de 1550), volvió la rebelión, avivada al publicarse una cédula real, en 1552, que prohibía a los españoles utilizar el servicio personal gratuito de los indios. Las ciudades hicieron juntas para enviar procuradores. El encomendero Francisco Téllez Girón lideró a los alzados: la audiencia y el arzobispo formaron un ejército que lo derrotó a fines de 1554. Las drásticas medidas del marqués de Cañete (virrey de 1555 a 1561) iniciaron la pacificación y “asentamiento” del reino, tarea que consolidaría poco después el virrey Francisco de Toledo durante su dilatado y enérgico gobierno (1569-1581).10

Los primeros pasos hacia la universidad limeña se dieron en el marco de tales conflictos, y fueron iniciativa conjunta de los dominicos y la ciudad. Desde 1535, la orden de predicadores poseía un lote para su convento. En 1539 recibieron de Pizarro indios y plantaciones, y empezaron a edificarlo. El mismo año, en Roma se erigió la provincia de San Juan Bautista para toda la América del sur, con fray Tomás de San Martín por provincial.11 Casi a la vez, Lima se convertía en cabecera episcopal, en 1541, con fray Jerónimo de Loaysa por primer prelado, promovido a arzobispo en 1547. Desatadas las guerras civiles, las banderías arrastraron también a clérigos y frailes. Durante la pausa lograda por La Gasca, se avanzó en el convento, y el capítulo provincial de predicadores de 1548 erigió, al menos sobre el papel, el estudio: como admitían las actas capitulares, no se nombró aún a los lectores de artes, prerrequisito para cursar la teología. Los definidores se limitaron a dar una cátedra teológica al prior, fray Domingo de Santo Tomás, a sabiendas de que las múltiples tareas asignadas por la orden, más los encargos de La Gasca, le impedirían enseñarla.12 Por otra parte, todavía en 1562 las obras materiales seguían muy atrasadas.13

En los meses de relativa paz, Lima acordó despachar procuradores a la corte para insistir en sus demandas de perpetuidad y confirmación de viejos privilegios, entre muchas otras. Uno de los enviados, Fray Tomás de San Martín, convenció a los regidores de solicitar universidad, que se alojaría en el convento dominico.14 En enero de 1550, los enviados dejaron Lima, junto con La Gasca. La corte estaba en Valladolid, a donde llegaron en noviembre. Ahí fray Tomás obtuvo la cédula de erección, el 12 de mayo de 1551: su sede sería el convento dominico, “entre tanto que se da orden para que esté donde más convenga”.15 Procurador de la ciudad, el fraile tramitó su petición en nombre de la orden, excluyendo a la ciudad. De ahí pasó a Salamanca, al capítulo general, y a Alemania, a ver a Carlos V. En noviembre de 1551, estuvo ante él. Al año siguiente fue presentado a la mitra de Charcas y, desde entonces, se volcó a preparar su nuevo cargo. Ganó cédula para fundar universidad en su obispado, sin vínculo alguno con su antigua orden, pues prometió erigirla “a su costa”.16 A fines de 1553, o a comienzos del siguiente, partió hacia a Lima, a donde llegaría la segunda mitad de 1554, en plena guerra contra Téllez Girón, ejecutado en diciembre.17 El 21 de enero de 1555 acudió ante el cabildo, e “hizo Relaçion […de] lo que por esta çibdad […] avia fecho […] de lo qual mostro çiertas çedulas e probisiones que se leyeron en este cabildo […]”, y se le volvieron.18 Pero en agosto, la ciudad juzgó insatisfactorias sus gestiones, y ordenó confiscar de sus bienes los dos mil pesos que recibiera de viáticos al partir a España.19 Fray Tomás habría muerto dos días después.20

Con el fin de “probar” que la limeña es la primada de América, se asegura que el fraile envió la cédula antes de su regreso y que, apenas recibirse en Lima, se inauguró la universidad, el 2 de enero de 1553.21 Ambos asertos carecen de evidencia documental, pero, lo que es más grave, reducen la compleja cuestión a una ceremonia inaugural, en vez de plantear sus orígenes como un proceso largo y complejo. Según la visión tradicional, a mitad de las guerras, el convento limeño compuso un estrado para acatar la cédula, ante el pleno de la audiencia, el arzobispo y la ciudad, en un acto jurídico solemne que por sí solo bastó para fundarla.22 Ese 2 de enero habría sido una suerte de paréntesis festivo al violento escenario en que el virreinato se abrasaba. Porque en 1553 audiencia y arzobispo batían a los rebeldes –literalmente– en el campo de batalla; Lima, por su parte, organizaba juntas de ciudades para frenar la aplicación la cédula contra el servicio personal. En ese presunto acto inaugural, ¿se trató la cuestión de los indispensables fondos para fundar la corporación?

Las actas del cabildo atestiguan que fray Tomás exhibió los papeles de su gestión –y no una hipotética segunda parte de ellos- sólo en 1555, justo a su regreso, recién vencida la revuelta de Girón. En 1556 el virrey, marqués de Cañete, lejos de alabar los avances de la universidad, supuestamente inaugurada tres años antes –ni siquiera la menciona–, halló un gran abandono, explicable después de tantas guerras. Al advertir “quan sin orden se criavan los hijos de vecinos”, dotó una cátedra de gramática, que situó en el convento.23 Por otra parte, hay que esperar a 1558, ya pacificada la tierra, para que el capítulo general de predicadores, en Roma, concediera el rango de estudio general al convento limeño al confirmar su designación de lectores de artes y teología, y aprobar a dos presentados. El siguiente, de 1561, confirmó al primer maestro en teología, fray Domingo de Santo Tomás. El estudio conventual cobraba forma.24 Consta que, al menos desde 1564, ya graduaba laicos.25

Y en cuanto al estado material del convento, en octubre de 1549, el rey aprobó la donación, por parte de la ciudad, de “un pedazo de calle”, con el argumento de que el lote original era “muy estrecho, así para que se hiciesen celdas, como para otras cosas que convenía […] mayormente habiéndose de hacer un Colegio y Estudio en el dicho convento”.26 Resulta patente que el “Colegio y Estudio” se fincó lentamente, con probables pausas en lo más agudo de los disturbios. Todavía en 1562, fray Domingo de Santo Tomás, manifestó que el emperador “hizo universidad y mandó que mientras otra cosa ordenase, fuese en el dicho nuestro Convento, [pero] ni tenemos hechos generales donde se lean las lecciones, ni acabada la iglesia, ni edificada la casa”.27

Suele sorprender la celeridad con que se ganó la cédula de 1551, pues bastaron unos meses de gestiones.28 Sin duda ayudó el hecho de que eludía un asunto capital: los medios para financiarla, algo que las autoridades limeñas debían por fuerza resolver para “asentar” la institución. En otras palabras, el real despacho otorgó la licencia y una sede provisional, pero no la dotación: sin fondos, no habría universidad fundada.29 Por ello fray Francisco de la Cruz, prior y rector, escribió a Madrid en 1566: “sería necesario se diese razonable renta a los monasterios donde ay estudio, y especialmente en esta ciudad donde está comenzada universidad”.30 A tres lustros de la erección jurídica, el rector decía: “está comenzada”. Meses antes, el presidente de la audiencia empleó términos análogos: “En esta ciudad se ha comenzado a fundar una universidad”, algo que ennoblecería a Lima. Pero faltaban recursos. Si el rey concedió mil pesos de su real caja a “las escuelas de México”, lo mismo podría hacer por Lima.31

Fraile y presidente coincidían en tres puntos: no se trataba de un ¡Hágase la luz!, sino de un proceso. Además, éste se hallaba en un estadio incipiente, bien por haber comenzado poco tiempo atrás, bien –y esta era la tercera coincidencia- porque ambos entendían que sólo avanzaría de obtenerse ”razonable renta”. Con todo, los frailes reivindicaban el lustre de su convento; el presidente, el de la ciudad. Para decirlo con palabras de Toledo: Carlos V, al fundar la universidad, faltó “en ella el principal rrequisito, que hera la rrenta nescesaria” para pagar a lectores y oficiales.32 , En 1566 apenas si se leía gramática en el claustro, con salario real, y una lección de teología, dictada gratis por un fraile; al parecer, el curso de artes se había dejado.33 La orden, como dueña de la universidad, ¿pretendía dotarla a su costa? En caso negativo, ¿cómo financiar, y con qué apoyos, cátedras “perpetuas” de gramática, artes, leyes, cánones, medicina, y teología? Por lo demás, el problema económico tenía alcances de orden político y jurídico.

Como se dijo, las instrucciones de la ciudad a fray Tomás, en 1550, incluían la petición de “que en el convento de los dominicos de esta ciudad aya estudio general”. Y si bien era comisionado del cabildo, el procurador actuó tan solo en favor de su orden, y los frailes asumieron al estudio como su absoluta propiedad. Por lo demás, se trataba de una concesión provisoria y sin dote. La cédula aprobó que el convento alojara a la universidad mientras se la ponía “donde más convenga”: el carácter interino de la cláusula lo admitían todos, menos los dominicos, que, lejos de buscar apoyos, los perdieron. Primero, de la ciudad, que condenó a fray Tomás a devolver los viáticos. Por su parte –con obvias segundas intenciones34- el arzobispo sugirió en 1566 transferir la universidad a la catedral; alegó que los frailes de otras órdenes encontraban odioso ir a Santo Domingo.35 Es decir, los derechos que los predicadores se atribuían tampoco agradaban a los demás regulares. Loaysa envió procurador a la corte, y la ciudad hizo lo propio en 1565 y en 1571. El rey pidió informes, y el presidente de la audiencia, a fines de 1567, mandó un plan específico sobre “las cátedras que son menester para fundar esta universidad”; proponía casi una docena, y sugería diversas encomiendas de donde obtener fondos. No emitó su juicio sobre el traslado del estudio, pero, como se verá, lo estaba implicando.

Porque el problema de la dotación también tenía aristas jurídicas. Para obtener rentas reales, la universidad por fuerza tenía que dejar el convento. Los religiosos estaban exentos de la jurisdicción ordinaria, lo que impedía a las autoridades externas exigirles cuentas. A su llegada a Lima, en noviembre de 1569, el virrey Toledo traía instrucciones de la corte, adonde habían llegado procuradores, memoriales, y los informes del presidente.36 En marzo de 1571, Toledo planteó al rey: “por esperiencia tengo […] no conuiene que vuestra magestad mande que se funden en [sic] estas Vniversidades en monesterios de rreligiosos”. Los distraían de sus funciones; además, “para las mismas Vniuersidades es mas autoridad estar por si y no arrimadas al amparo de ningún monesterio […] a rrespeto de lo qual, yo e mandado agora quitar la rretoria que los frailes de santo domingo de lima, porque no sean esentos los que la tuuieren…”37 Al año siguiente fue más explícito: el rector no podía ser fraile “sino lego, questé debaxo de la jurisdicion rreal y que sean uisitados con autoridad de vuestra magestad”.38 Con semejante garantía, el rey podría otorgar la dote conveniente.

Desde que llegó, las cosas se sucedieron con gran celeridad. El primer paso fue excluir a los frailes del rectorado. En marzo de 1571, como se vio, Toledo ya anunció al rey la secularización del oficio rectoral; en mayo, la elección se puso en obra, con rechazo frontal de la orden, que llegó a los golpes, y metió pleito por despojo.39 En octubre, el claustro dictó 42 Constituciones, al punto aprobadas por el virrey; la primera ordenaba al claustro elegir anualmente a un rector, de entre los doctores legos.40 En ellas, aún se designa al convento como domicilio de la universidad, pero ya era irreversible la ruptura. La suma de gestiones del licenciado Castro, del arzobispo, el virrey y la ciudad, tuvieron por respuesta una especie de segunda cédula fundacional: por ella el rey reconocía a la ciudad:

la necessidad que dezis ay en essa tierra de que mandssemos ynstituir y fundar estudio en parte cómoda y combiniente para que en el se lean y enseñen todas las sciencias Vniversalmente y que le señalemos Renta competente para la sustentación de personas doctas que en ellas se ocuparen concediéndole las preheminencias y livertades que tiene la Vniversidad de méxico.

Con ese fin, agregaba, había girado instrucciones al virrey.41 Más humillante habría sido para los frailes la orden perentoria de que en el “monasterio de santo domingo y cathedra dél, no se dé ningunos grados a ninguna persona en ninguna facultad”. El motivo alegado fue que ahí “se dan grados a algunas personas que no tienen la habilidad y suficiencia necesaria”. La cédula se limitó a referirse a “la cáthedra que se lee en el monesterio”.42 El título de universidad se había esfumado, por más que los frailes siguieron pleiteando algunos años. Recibida la aprobación real, Toledo reiteró su opinión sobre la cuestión central: en el convento “a estado la universidad flaca y pobremente fundada”; por lo mismo, “ni grados ni universidad no convenía estar allí, porque no estavan sujetos los rretores a lo secular”.43

Y mientras Toledo resolvía el encargo real de aplicar renta, en 1574 se confirieron grados en la catedral, a pesar del alboroto de los dominicos; ya entonces la universidad se había acogido al patronato espiritual de San Marcos y contaba con sede provisional en el ex convento agustino, de donde pronto pasó a su casa definitiva, el ex recogimiento de san Juan de la Penitencia. Por fin, en un solemne claustro de 25 de abril de 1577, día de San Marcos, el virrey, con asistencia de los doctores, la ciudad, “y otras muchas personas”, dotó 17 cátedras, y salarios de los oficiales, con 13 mil pesos anuales “de buen oro”, asignados a la renta de repartimientos vacos. De ese modo consumó “la doctación e ynstitución” de la universidad real.44 Todavía le dictó estatutos en 1578, mismos que refundió en 1581, el año en que partió de Lima, y que, con “adiciones”, se mantuvo vigente hasta la república.45

Los dominicos, al ver amenazada su posición a raíz de las cartas del Lic. Castro, el arzobispo y la ciudad, pasaron a la defensiva. Despacharon procurador a Roma, donde Pío V, antiguo dominico, otorgó bula para perpetuar la universidad en los claustros conventuales.46 Pero era tarde. Se expidió el 25 de julio de 1571; seis días antes, en Lima, el primer rector secular, elegido en mayo, fue echado del convento luego de un áspero enfrentamiento. Corresponden a ese diciembre las dos cédulas que instituían y dotaban a la universidad fuera del convento, con rectores y dinero “legos”. La interdicción absoluta a los frailes para graduar, se expidió en julio de 1572. Desprovistos de todo apoyo en Lima, de muy poco les valía la bula en aquella coyuntura; peor aún, al faltarle refrendo real. Las constituciones de 1571 y 1578 ordenaron que el rector fuese laico. Las de 1581 permitían alternar a uno lego con uno eclesiástico, siempre que no fuese exento; es decir que no fuese fraile. En 1581, además, se precisó que si un religioso ganaba cátedra, no podría leerla en su convento; antes bien él, y sus alumnos frailes, se desplazarían “a las escuelas de la universidad, porque con esta condición se les han dado y an de dar” (Const. 126).

Es de notar que el acta de 1577, que daba rentas a la universidad real, menciona al virrey, al rector y claustro, y a la ciudad. En cambio, no explicita la presencia de la audiencia, del cabildo eclesiástico (el anciano arzobispo Loaysa había muerto en 1575), ni de orden alguna. Si se hallaban o no entre las “muchas otras personas”, aquél era un acto entre la universidad, en lo sucesivo real, el enviado directo del rey, y la ciudad, que esperaba ennoblecerse con la nueva fundación.

Por otra parte, y para mayor ironía, Toledo incorporó en el mencionado auto la cédula real de 1551, que asignaba como sede provisional al convento dominico, y la bula papal de 1571, que perpetuaba a los frailes en el control de la universidad. En aquella coyuntura, declaró que la institución recién dotada, fue fundada por Carlos V en 1551, y “provada e confirmada” por Pío V, en 1571, con las mismas “qualidades e condiciones” que la carta del emperador. El virrey, a más de privar de su universidad a la orden, también se apropió de los instrumentos legales que le daban fundamento. Mediante ellos, justificó la creación y dotación de la Real Universidad de San Marcos.

Con el tiempo, la influencia de los religiosos en el claustro universitario fue un fenómeno creciente. Además, la institución debió sortear diversos problemas, ante todo, el paulatino agotamiento de sus espléndidas rentas a medida que los indios tributarios se extinguían. Todo ello no bastó, sin embargo, para privar a San Marcos de su carácter de universidad real, con rentas y sede propia, gobernada por sus claustros, y al frente de los cuales había un rector sujeto a la real jurisdicción.

 

México. La consolidación de una universidad real

La ciudad de México, tomada en 1521 por las tropas de Hernán Cortés, vivió momentos de caos y gran conflictividad en sus primeros años, por rivalidades entre conquistadores, pero que no alcanzaron la violencia de las guerras civiles peruanas. La inestabilidad disminuyó con el temprano arribo de las autoridades reales, que acotaron el poder de conquistadores y primeros pobladores por diversas vías. Esas élites, como en el Perú, pretendían perpetuar sus encomiendas y volverse señores de vasallos. Mientras Pizarro, víctima de choques internos, acabó sus días en 1541 siendo gobernador, Cortés fue privado del mando desde 1526.47 Al año siguiente se creó la real audiencia, que asumió el gobierno supremo y sometió al conquistador a un juicio de residencia que seguía inconcluso el año de su muerte, en 1547. El virreinato se creó en 1535 y Antonio de Mendoza, el primer titular, gobernó hasta 1550, con astucia y tacto. Sin grandes tumultos, logró sortear el momento crítico de la aplicación de las Leyes nuevas (1542), ofreciendo atenuar en parte sus efectos. Su sucesor, Luis de Velasco, fue capaz de otros tres lustros de estabilidad. El poder real se había asentado. A la muerte del virrey, en 1564, los conquistadores, divididos, fraguaron una gran conspiración. La represión subsiguiente serviría para “asentar” aún más a la corona.48

De modo paralelo, la conquista “espiritual” empezó a cargo de los mendicantes –franciscanos, dominicos y agustinos-, que se expandieron por la tierra con gran celeridad, ganando enorme poder, a veces aliadas con los encomenderos. Para contenerlos, el rey designó a los primeros obispos; el de México llegó en 1528. Fue misión del clero secular implantar en Indias la jerarquía episcopal, con el argumento de adecuar los nuevos territorios a los usos comunes de la Iglesia católica. Las órdenes resintieron el golpe; sin embargo, la escasez de diezmos, la debilidad inicial de las iglesias catedrales y, ante todo, el escaso número de clérigos seculares, retrasaron la afirmación de la autoridad episcopal, a pesar del apoyo regio.49 Pronto se advirtió que era imposible enviar desde España el gran número de clérigos reclamado por cada prelado, y que sólo los habría en abundancia si se los formaba en la tierra, impartiendo letras a jóvenes criollos o inmigrados. En opinión de los obispos, el mejor medio sería abrir una universidad. Dado que muchos de esos cursantes optarían por el sacerdocio, contribuirían a satisfacer las exigencias de un copioso clero secular.50

Pero había otros motivos. Al privar de sus indios a los encomenderos, la corona vio en la universidad una alternativa digna para colocar a los hijos de conquistadores y pobladores, al abrirles el paso a los puestos medios de la administración secular. A la vez, el virrey, la audiencia y los frailes insistían en la urgencia de ocupar “en letras y virtud” al creciente número de criollos y mestizos ociosos, listos a sumarse a cualquier revuelta. Por su parte, si un fraile se graduaba en universidad pública, ganaba méritos para escalar el cursus honorum dentro y fuera de su orden.51

A pesar de tan unánimes opiniones, el problema central, y no sólo en México, era el de cómo obtener recursos. En 1536 se creó en Tlatelolco un colegio de latinidad para indios caciques, y se suscitó la cuestión. El virrey instó al monarca a financiarlo, manifestándole:

Esto no se puede hacer sin que cueste algo a V. M. de su hacienda […] porque no hay otra cosa de que se haga […], y así se hizo en el reino de Granada, que los Reyes Cathólicos […], agüelos de V. M., dotaron monasterios y hospitales y universidad, y dieron propios a las ciudades […] Y por esto V. M. debe mirar en decir que no sea a costa de su hacienda, pues ques todo suyo y no se puede hacer de otra parte […] (Méndez, 1990: 108).

Y mientras se buscaban rentas reales para el colegio de los caciques, los españoles pedían universidad. En 1537 lo hizo el obispo Zumárraga. La ciudad la procuró tenazmente desde 1539, con firme apoyo del virrey, quien siguió defendiendo la dotación real, como única vía factible. En el consejo de Indias se resistían, a pesar de los sucesivos enviados de la ciudad. En 1550, el virrey ofreció tres estancias de ganado suyas, si el resto lo ponía el rey. Éste al fin accedió, aplicando como dote las estancias y mil pesos; quinientos de su real caja. Emitió las cédulas en septiembre de 1551, pero sólo llegaron a México en febrero de 1553. De inmediato se tomaron provisiones, y la inauguración solemne se hizo en junio (Pavón y González 2004). Desde entonces funcionó sin interrupción hasta 1833, año de su primera clausura.

Al llegar las cédulas, Mendoza había pasado al virreinato peruano, donde murió meses después, en 1552. Antes de salir, y a falta de respuesta real, donó las estancias al colegio de Tlatelolco. Por lo mismo, la universidad nació con carácter de real, en virtud de su financiación, pero con una dote exigua a todas luces. De ahí que sus décadas iniciales fueran en extremo difíciles. Desde 1568, el gobierno del virrey Martín Enríquez, marcó el inicio de la recuperación. De inmediato, buscó que el rey dotara de sede propia a la corporación, pues funcionaba en casas alquiladas. Arbitró recursos provisionales para reabrir las cátedras que no se leían, por falta de paga, y propuso a la corona un plan que implicaba la concesión de 3500 pesos adicionales en oro de minas, y la apertura, en total, de una veintena de cátedras. Además, encargó unos estatutos al oidor Pedro Farfán, en1580. Su paso al Perú, ese mismo año, dejó los trámites en camino, pero los continuaron el arzobispo-virrey, Pedro Moya de Contreras y sucesores. Al cabo del siglo, el doctor Juan de Castila, procurador de la universidad, logró resolver en definitiva la dotación financiera (González 2003). Y si ésta no creció el resto del periodo colonial, permitió a la institución consolidarse. Además, como la renta se situó directamente en la real caja, tampoco se redujo, como ocurriría en Lima, cuyas jugosa dotación inicial, en tributos, mermó a medida que los indios disminuían.

La de México, funcionó desde el principio como institución regida por el claustro de sus doctores, y en todo tiempo graduó en las cinco facultades, incluso si la fijación de las respectivas cátedras demoró hasta el fin del siglo. El precio de las gestiones de rescate de los virreyes y la audiencia, sepagó con una fuerte presencia de las autoridades regias en el seno de la institución. Esa tendencia se manifestó desde el inicio, pues los oidores se doctoraban y, por lo mismo, ingresaban al claustro y lo dominaban desde dentro. A partir de Enríquez, además, el cargo rectoral recayó en un oidor, lo que generaba malestar al arzobispo y a un grupo de doctores clérigos que lo seguían, y dieron forma una suerte de partido eclesiástico.

El citado procurador Castilla, clérigo secular y criollo, no sólo logró el definitivo saneamiento de las finanzas, también obtuvo una serie de cédulas que prohibían a los oidores incorporarse en la universidad, y presidirla. En 1604, después de años de choques, se logró designar al primer rector del “cuerpo” de la universidad. Excluidos los oidores, todos peninsulares, la correlación de fuerzas en el claustro cambió a favor de los criollos, en su mayoría clérigos seculares. En lo sucesivo, la corporación sufrió la fuerte influencia del cabildo eclesiástico y los arzobispos. Se mantuvo en ese estado de cosas hasta la Independencia, y en la primera década republicana.

Con todo, desde el último tercio del siglo XVIII, la corporación se resistió a las reformas borbónicas, lo que habría propiciado el inicio de una decadencia, mucho más acentuada en los años posteriores al alzamiento de Hidalgo, en 1810. La llegada del nuevo régimen evidenció hasta qué punto la institución se aferraba al pasado. En 1833, tras ser calificada de “inútil, irreformable y perniciosa”, el gobierno la clausuró. Aún hubo breves reaperturas, pero la institución se volvía cada vez más un fantasma de sí misma, hasta que el emperador Maximiliano la cerró definitivamente en 1863.52

A diferencia de otras universidades, la de México logró introducir desde muy pronto al clero secular, en su mayoría de origen criollo, en las principales cátedras; por lo mismo, se redujo notablemente el peso de los frailes en su marcha interna. Se afirmó como una corporación dominada por clérigos. Ello no significó que el virrey y los oidores, a cierta distancia, siguieran supervisándola. En fin de cuentas, se dependía de los fondos de la real caja.

En 1645, el claustro pleno aprobó las constituciones del visitador real, Juan de Palafox, confirmadas por el rey en 1668. Con ese código cesó un conflicto que duraba un siglo, en torno a qué normas debían regir a la institución: las dictadas por el oidor Farfán (1980), las del arzobispo (1586) o, directamente, las de Salamanca. Con cambios menores y, con frecuentes dispensas y contravenciones, las normas palafoxianas siguieron vigentes hasta la independencia. Se volvieron un marco de referencia estable e incuestionado.

Cabe destacar una peculiaridad de la universidad de México: durante cerca de dos siglos y medio, mantuvo el monopolio para el otorgamiento de grados en casi todo el vasto y poblado virreinato novohispano, que por el norte llegaba a los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas y, de algún modo, a la Florida; por el sur incluía a la audiencia de Guatemala. En más de una docena de ciudades funcionaron colegios a cargo, bien de jesuitas, del clero secular o -en menor medida- de las otras órdenes. Además, en el siglo XVIII la corona, como parte de su política secularizadora, dio un decidido impuso a los seminarios conciliares y procuró que cada obispado hiciera realidad el suyo.

Por lo mismo, numerosos estudiantes podían cursar cerca de su lugar de origen gramática, artes y, menos veces, teología y derecho. A continuación, quienes aspiraban a borlarse y disponían de recursos, debían ir a la universidad. De ahí que sus graduados procedieran de múltiples lugares, como muestra la copiosa papelería de su archivo relativa a probanzas de cursos de estudiantes foráneos. Es cierto que en 1624 surgió la universidad jesuítica de Yucatán y, en 1676, la real de Guatemala, pero el aislamiento geográfico de ambas ciudades respecto de la cabecera virreinal, no se tradujo en una merma del flujo de escolares hacia la capital. Sólo cuando Guadalajara abrió una universidad real, en 1792, atrajo a sus aulas a los jóvenes de los territorios norteños, en daño del centro. En Lima, la gran universidad real del sur, la situación fue otra. Desde comienzos del siglo XVII se fue acortando su área de influencia al surgir competidoras en Cuzco, Huamanga, Charcas, Córdoba, Chile, Quito y aun en Bogotá.

Los ensayos de universidad en la ciudad de Santo Domingo, así el promovido por la ciudad como el de la orden de predicadores, debieron hacer frente a una situación económica de paulatino e irreversible deterioro a lo largo y ancho de la isla. La universidad real, fundada en 1558, sucumbió al cabo del siglo. La de los dominicos habría funcionado en medio de gran precariedad, al parecer de modo intermitente, y siempre expuesta a ser cerrada porque su único instrumento legal, la bula papal de 1538, nunca obtuvo confirmación real.

La de Lima surgió, al menos sobre el papel, en 1551, en plena turbulencia de las guerras civiles. Al recibir como sede inicial el convento de predicadores, no hubo necesidad de resolver la cuestión de su financiamiento. Cuando la paz se fue logrando y la orden intentó poner en marcha el proceso fundacional, surgieron dos tropiezos. El primero, que los dominicos reclamaron a la universidad como asunto de su exclusiva incumbencia, lo que les ganó enemistades por parte de la ciudad, el arzobispo y la real audiencia. El otro derivaba que los frailes estaban exentos de la jurisdicción ordinaria. Es decir, si el rey dotaba a la institución, como en Santo Domingo y México, de ningún modo lo haría en un convento, puesto que los frailes no podían ser visitados ni compelidos a dar cuentas de la forma como administraban la dote de la universidad. Con apoyos varios, de 1571 a 1576 el virrey Toledo dio una serie de pasos para sacar a la institución del convento y darle el carácter de una institución real, con sede propia, rentas y rectores laicos y estatutos reales. De ese modo fue cobrando forma, en medio de agudos conflictos con los frailes, la Real Universidad de San Marcos.

El nacimiento de la universidad de México exigió más de una década de gestiones en la corte. Una vez lograda la anuencia real y la dotación financiera, su implantación y desarrollo en la ciudad transcurrió con fluidez. El centro del virreinato se hallaba en relativa paz y bajo un creciente control de la corona. Ese marco político, más una suma de condiciones favorables, le permitieron funcionar, sin conflictos mayores, durante el resto del periodo colonial.

Notas

1. En el presente trabajo retomo algunas ideas y planteamientos que se exponen con mayor amplitud y con la justificación bibliográfica y documental, en González y Gutiérrez (2015).

2. La dominicana, anuncia en su escudo: “Fundada el 28 de octubre de 1538”. La limeña, se limita al lema: “Decana de América”.

3. Aquí no se tratará de las universidades-seminario, por corresponder a un periodo más tardío.

4. Siguen siendo muy útiles los Ensayos recopilados por Florescano (1987), con bibliografía hasta 1975. En particular, los trabajos de Broda, Palerm y Assadourian.

5. A partir de 1580, gracias a una bula, también los frailes dominicos de Bogotá buscaron establecer una universidad. Faltos de apoyo real, sólo alcanzaron relativo éxito en 1624. Rodríguez Cruz (1973: I, 373-414); González y Gutiérrez (2015: V, 8).

6. Fundamentales, el polémico libro de Utrera, Universidades de Santiago de la Paz y de Santo Tomás de Aquino y Seminario conciliar de la ciudad de Santo Domingo de la Isla Española, Santo Domingo, Padres Franciscanos Capuchinos, 1932; y sus posteriores colaboraciones (1947-1949) en ClíoEntre otros lugares, la cédula, de 23 de febrero de 1558, en Rodríguez Cruz (1973: II, 478-9).

7. El presidente de Santo Domingo al rey, 24 de abril de 1579. En Utrera (1949: 47).

8. Acta, IV, p. 172.

9. Acta, IV: 325. Cada cabecera de provincia debía tener un estudio general, también llamado universidad, en el que se promovía a los propios frailes a los grados de bachiller o“presentado”, y de maestro en teología. Tales grados sólo valían al interior de la orden, y debían ser confirmados por un capítulo general, en Roma. Si bien esos frailes solían recibir en sus aulas a estudiantes externos, no los podían graduar, a menos que contasen con bula pontifica y confirmación real que lo permitiera de modo explícito. En tales casos, las licencias daban al estudio conventual un rango de universidad cuyo alcance superaba el ámbito de la orden.

10. Un relato contemporáneo, Fernández (1963-1965); una síntesis cuidadosa, Vargas (1971).

11. Se trata del mismofraile que inició un curso teológico en Santo Domingo en 1532. González (2013).

12. La cátedra cuatrienal de teología, tenía carácter cursatorio, y se leía después del curso trienal de artes. El cronista Meléndez (1681: 123-124)dice que en 1548se erigió el estudio y se nombró lector de teología a fray Domingo. Contra lo que se afirma, el capítulo general de 1551 no admitió como estudio al limeño; se limitó a aprobar una cátedra de Biblia, no un cursus teológico como tal: lectionen Sacrae Scripturam (Acta, 1901: IV, 332). En contraste, el capítulo sí otorgó carácter de general al estudio< de la isla de Santo Domingo, admitió a dos presentados y a un maestro en teología, y lo incluyó -único de todas las Indias- en la lista de conventus universitatum de la orden, los únicos autorizados para graduar (Acta, 1901: 325, 333).

13. Fray Domingo de Santo Tomás al rey, Lima, 16 marzo, 1562. Eguiguren (1951: I, II, 524).

14. Se empieza a tratar de despachar procuradores, desde julio de 1549. Los borradores iniciales de las instrucciones no contemplan pedir universidad; sólo cuando fray Tomás aparece como posible enviado, se incluye la solicitud en el pliego del 23 de enero de 1550. De las 31 peticiones, la de universidad ocupa el lugar 25. Eguiguren (1951: 486-508).

15. La cédula, en Rodríguez (1973: II, 457-458). El capítulo general empezó cinco días después, en Salamanca.

16. Emitida el 11 de julio de 1552. En AGI, Lima 567, l. 7, f. 188-189v. Eguiguren (1951: I, II, 701). De ahí, Rodríguez (1973: II, 477).

17. Aún firmó una carta en Sevilla, el 30 de noviembre de 1553; estaría por embarcarse. Eguiguren (1951.I, II, 447-448). AGI, Indiferente, 1093.

18. Libros de cabildo (1935: 249)Agradezco a Manuel Suárez un facsímil de las páginas correspondientes. Eguiguren (1939 y 1951), al tratar el asunto, hace un embrollo monumental.

19. Libros de cabildos (1935: 323-324).

20. Al parecer, Meléndezfue el primero en decir que fray Tomás despachó la cédula a Lima antes de su vuelta, en una sinuosa frase, sin dar pruebas: el fraile regresó “por el año de 1554 en que falleció, sin ver logrado su buen desseo y su trabajo”. Añade: “no porque no se fundasse […] que ya se había fundado antes de venir a Lima, por el año antecedente de 1553, remitiendo la cédula de España” (1681: 181).Todos han seguido a Meléndez en ese punto, y en fechar la muerte del procurador en 1554. Con todo, las recién citadas actas del cabildo prueban que aún vivía en agosto de 1555. Además, Lohmann (1990: 414-416) aduce un contrato que corrobora su presencia en Lima en mayo de 1555. Encargó un órgano de iglesia, sin duda para su catedral; en cambio, omite su fuente al decir que murió ese 31 de agosto.

21. Eguiguren afirma que el virrey Antonio de Mendoza llegó a Lima con la cédula de mayo de 1551. No explica dónde la obtuvo, pues Mendoza dejó México en enero de 1551, antes de expedirse la carta, y entró en Lima el 23 de septiembre, apenas a cuatro meses de emitida… También aduce una supuesta acta de ejecución de la cédula por la audiencia, el 2 de enero de 1553: a más de ocultar su fuente, y de otras incongruencias del texto, en la lista de oidores incluye a un Lic. Mejía, quien jamás perteneció a ese cuerpo; y el orden en que cita a los otros no coincide con el de sus antigüedades en el cargo (1939: 98-99). En 1951 volvió al punto y alegó que el papel había desaparecido [1943] en el incendio de la Biblioteca Nacional (1951: I, II,517). A pesar de ello, a partir de él, el 2 de enero de 1553 se convirtió en fecha “oficial” de inauguración de la universidad. Angulo (1935), al escribir cinco años antes del “hallazgo”, no alcanzó amencionar esa fecha.

22. Como Eguiguren asegura que sucedió. Ver nota anterior.

23. Levillier(1921-1926: I,258).

24. (Acta, 1901: V, 7, 21, 40) Ver arriba nota 24. Meléndez, que no manejó las Acta romanas, desliza muchas inexactitudes cronológicas, no siempre intencionales.

25. El doctor Gaspar Meneses incorporado de doctor en Medicina el 7 de febrero de 1565 (Baquijano 1791, p. 163)

26. AGI, Lima, 566, l. 6º, f. 162; en Eguiguren, Historia…, I, II, p. 485. Subrayado propio.

27. Carta desde Los Reyes, 16 de marzo de 1562, en Eguiguren (1951: I, II, p. 524).

28. Méndez Arceoatribuye el rápido éxito a la fuerte personalidad del procurador (1990: 101-104).

29. En los autos de dotaciónde la universidad de Lima, en 1577, señaló el virrey Toledo que, en el convento: “se a comenzado a hazer algún fruto, [pero] por no tener Reditos y aprouechamientos con que se poder paagar las personas de letras que en ellas an de enseñar y leer, y los demás gastos anexos a ella, no podía auer en ella la perpetuidad que se a pretendido y pretende” (Eguiguren (1939: 380).

30. De nuevo la palabra “comenzada”. 25 de enero de 1566; trascrita por Eguiguren (1951: I, II, 533).

31. Levillier (1921-1926, III: 94). El Lic. Castro al Consejo, 23 de septiembre, 1565.

32. Auto de 2 de febrero de 1576,en Eguiguren (1939: 311-313). AGI, Patronato 191, r.1.

33. Levillier (1921-1926, III: 270). El Lic. Castro al Consejo, 20 de diciembre de 1567.

34. Pérez (2015).

35. AGN, Patronato 189, r. 13. Fragmentos en Eguiguren (1951: 1, 2. 525-529).

36. Toledo lo alude en carta de 8 de febrero de 1570, de que el rey le encargó poner en las ciudades de españoles “estudios y seminarios”.Levillier (1921-1926, IV: 384).

37. Cuzco, 25 de marzo de 1571, Levillier (1921-1926, III: 522).

38. Cuzco, 1 de marzo de 1572, Levillier (1921-1926, IV: 122).

39. “Autos que sigue el Procurador del Monesterio de Santo Domingodesta ciudad de lLos Reyes con el Claustro y Rector del Estudio General della” [1571]. Se localizaría enLima, AGN, Fondo Real Audiencia, pero Angulo (1935: 420) nodio otras precisiones. Tal vezse trata de los autos hallados por Eguigurenen AGI, Lima, 337, sean copia de aquél. Publicó amplios extractos, entreverados con glosas y digresiones,en (1939: 184-202; 259-271; 285-295). La réplica de la universidad, que promovió una Información en su favor, también en AGI, Lima, 337; Eguiguren de nuevo publicó el auto; ¿completo? (1939: 319-351).

40. AGI, Patronato, 191, r. 1.El facsímil, en Eguiguren (1951: I, II,7-29); las transcribió en (1939: 227-246).

41. Fueron dos cédulas, una a la ciudad, de 9.12.1571; otra al virrey, de 30.12.1571: Eguiguren (1939: 208-210).

42. Eguiguren (1939: 286-287). Real cédula de 17 de julio de 1572.

43. Levillier (1921-1926: V, 228). El virrey, desdeLa Plata, 30 de febrero de 1573.

44. AGI, Patronato 191, r. 1. Eguiguren editó el extenso auto,confirmado por el rey en 1589 (1939: 365-404).

45. Ambas en Eguiguren (1951, I, II: 31-132; 133-282). La bula, impetrada al margen del rey, no menciona al solicitante. Quizás fray Sebastián de Ayllon, pues el capítulo general del 3 de junio de 1571, en Roma, lo designó predicador general de la provincia peruana, agregando: in hoc capitulo existentem (Acta: V, 140).

46. Editada en múltiples lugares; Eguiguren (1939: 367-374) incluye los textos latino y español.

47. En julio de 1526, un juez realquitó a Cortés la vara de gobernador, e inició el juicio de residencia. El conquistador partió a Castilla en mayo de 1528. En diciembre, la real audiencia tomó posesión. En la corte, Cortés recuperó la capitanía general y obtuvo privilegios, pero no el gobierno. Volvió a México en 1530; fue objeto de estrecha vigilancia por la audiencia y, en su momento, por el virrey. Regresó a la península, a defenderse, y allá murió en 1547. José Luis Martínez (1993, ante todo, capítulos, XVIII-XXII).

48. Una sugerente visión de conjunto, que abarca a todo el continente, Bernard y Gruzinski (1996-1999, con la bibliografía fundamental hasta 1991).

49. Lpp tiempos de crisis Rubial, Iglesia

50. La idea de crear un clero indígena tuvo algunos partidarios, pero pronto se impuso la política de que el sacerdocio era patrimonio de la casta de origen europeo. Por lo mismo, ella sería la única beneficiaria directa de las universidades, durante dos siglos o más. Aunque muy cuestionado, es aún imprescindible, Robert Ricard (1983). Un punto de vista más reciente, en Rubial (2013).

51. Excepto los franciscanos que, al reformarse a principios del siglo XVI, abandonaron las universidades.

52. Mora (1837: CXCVIII);Sánchez (2008).

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