Nuevas regulaciones públicas universitarias. Paraguay, Bolivia, Colombia y Uruguay.
Entender el pasado para aclarar el presente

• Claudio Rama
SECCIÓN: DOSSIER
• Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa (UDE), profesor del Doctorado de Educación (UDE) e investigación categorizado en el SNI (Uruguay). Economista (UCV - UDELAR); Master en Gerencia Educativa (UJMV); Doctor en Educación (UNESR); Doctor en Derecho (UBA) y Postdoctorado (UFF, UNESR, UniCamp). claudiorama@gmail.com



Presentación


El modelo universitario que caracterizó a nuestros sistemas terciarios durante casi todo el siglo XX no otorgó facultades a los gobiernos para la regulación de la educación superior, el cual se localizó en las universidades autónomas y en sus consejos universitarios. Cuando en los setenta se comenzó a producir la diferenciación pública y sobre todo al expandirse la educación privada al establecerse las restricciones de acceso, una parte del eje regulatorio se trasladó al mercado que comenzó a fungir como el determinante de la oferta y la demanda de educación superior. Tal expansión del mercado promovió una creciente diferenciación mercantil como parte de la propia diversificación institucional y comenzó a plantear la compleja situación derivada de la existencia de un sector con dos regulaciones: una producida al interior de los consejos universitarios y otra basada en el mercado.

La expansión del mercado como un actor regulador, estuvo sustentada en las limitaciones financieras de los Estados y respondía a una concepción política que concebía que la expansión de la educación superior privada sin regulaciones promovería un incremento de la matrícula y niveles de oferta con calidad y pertinencia. Estas visiones pronto se verificarían falaces ya que el mercado en forma autónoma no promovió la calidad, sino niveles muy diferenciados de instituciones en la prestación de los servicios y que deterioraron el valor de las certificaciones y crearon nuevas modalidades de exclusión asociadas a la calidad de la educación. Dada la desigual distribución de la renta, las personas tendieron a seleccionar opciones educativas tanto de menores como de mayores precios con estándares de calidad muy variados. Inclusive la alta cantidad de instituciones no permitían tener conocimiento sobre los niveles de calidad de las instituciones y sus programas, deteriorando los mercados universitarios y el valor de las certificaciones. La alta expansión y diferenciación institucional derivó en políticas públicas de regulación de la dispersión y de establecimiento de mínimos estándares de funcionamiento de las instituciones, de homogenización de la competencia y que dieran garantía a los diversos usuarios.

Este escenario de marcos regulatorios desde fines de los noventa se produjo durante la democratización de América Latina, al superarse las dictaduras en la década del 80 y del 90. Asociado a este proceso, en casi todos los países de la región se aprobaron nuevas constituciones que incorporaron un rol más destacado del Estado en la regulación de la educación terciaria y en el reconocimiento de las diversidades (étnicas, culturales y sociales) y, en tal sentido, promovieron la formulación de políticas públicas de equidad y calidad. Las leyes propenden al establecimiento de mecanismos que promuevan una mayor cohesión social en los diversos países ante el agravamiento de las desigualdades educativas.

En general, el proceso regulador está asociado a la expansión y a la diferenciación institucional y podemos fijar su crecimiento más fuerte en los 90. Éste se ha expresado tanto a través de los organismos de gobierno, como de las agencias de aseguramiento de la calidad creadas en los últimos años, como también en los consejos y asociaciones de rectores, en tanto estos también expresan un intento de regulación pero de carácter sistémico entre los propios actores. Para fines de la década pasada, en casi toda la región ya estaba concluida la etapa de creación de organismos gubernamentales mandatados para actuar en la regulación de la educación superior, de agencias de aseguramiento de la calidad y de consejos y asociaciones de rectores. En algunos países como Argentina, México y Brasil, tales instituciones ejecutivas, de evaluación como de representación, también tienen sus expresiones a niveles regionales.

A partir de la propia existencia de estos ámbitos de promoción o de formulación de políticas en materia de educación superior, se ha iniciado una nueva y compleja dinámica de permanente formulación de políticas que crecientemente tornan cada vez más regulada la dinámica, el funcionamiento y la prestación de los servicios educativos terciarios. Los objetivos de tales políticas parten de reconocer la existencia de sistemas de la educación superior y propenden a superar el alto fraccionamiento y acotando las modalidades de la competencia entre las diversas instituciones terciarias sobre bases comunes de funcionamiento. Uno de los ejes centrales de las políticas públicas se orientó hacia el establecimiento de estándares de calidad básicos iguales para todas las instituciones de educación superior, a partir de la creación de agencias de aseguramiento de la calidad. Adicionalmente la política pública se orientó también a contribuir en el incremento de la cobertura a partir de la formulación de políticas de equidad asociadas al financiamiento, al acceso y a la calidad, que propendieran a favorecer la cobertura para amplios sectores marginados de la educación superior y una mayor igualdad de oportunidades. En este número encontramos cuatro análisis correspondientes a nuevos marcos de política universitaria en Paraguay, Bolivia, Colombia y Uruguay que en los últimos años han incorporado cambios en sus formas de regulación y en sus políticas públicas, que nos muestran la diversidad de tendencias, el uso de instrumentos diferenciados, su ejecución bajo distintos niveles desde leyes, decretos o políticas y que van mostrando la construcción de la nueva dinámica regulatoria y develando sus tendencias y características.

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