Desigualdad social y educación superior

• Armando Alcántara Santuario
• • Lorenza Villa Lever

SECCIÓN: DOSSIER
• Doctor en Educación por la Universidad de California Los Angeles UCLA). aralsantuario@gmail.com
• • Doctora en Sociología por la Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales. lorenza.villalever925@gmail.com



Presentación


El número que aquí se presenta tiene como eje el análisis de la relación entre desigualdad social y educación superior. La desigualdad social nos refiere a la distribución asimétrica tanto de recursos materiales y simbólicos, como de posiciones entre individuos y grupos, en un contexto determinado. Se puede partir del supuesto que la educación superior sigue sirviendo a la vez como un campo que propicia la movilidad social y que se erige en barrera social, pues al mismo tiempo que justifica las diferencias y legitima la discriminación, produce un discurso que promueve la creencia en un futuro mejor.

A pesar de la gran expansión de la matrícula de educación superior en la región latinoamericana, sigue habiendo asimetrías en el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes en este nivel educativo, así como una tendencia que segmenta a las instituciones por su prestigio y calidad y por el tipo de estudiantes que alberga. Algunos informes recientes editados por organismos de la UNESCO en América Latina, dan cuenta de los avances y las insuficiencias que la enseñanza superior ha tenido desde la década de los 90 hasta el primer decenio de este siglo. En ellos se describe el panorama educativo regional, subrayando que la expansión ha sido muy significativa, pero que no ha podido dejar atrás la inequidad que caracteriza a las sociedades de esta región.

La expansión de la educación superior a partir de los años noventa se ha caracterizado por estar segmentada por estrato social, es decir, por impulsar una inserción diferenciada de los jóvenes a distintos tipos de instituciones de este nivel educativo, dependiendo de la posición socioeconómica de su familia. Esta división tiene como uno de sus principales resultados, que no todos los estudiantes tienen acceso a los mismos conocimientos ni redes sociales, lo que es suceptible de convertirse en ventajas y/o desventajas dependiendo del grupo social al que se pertenezca, y con lo cual la desigualdad se naturaliza.

La expansión de la educación superior en América Latina ha continuado de manera notable en la última década y media, a pesar de las críticas de diversos sectores sociales en torno a los conocimientos y habilidades de los egresados, los altos niveles de deserción en algunas instituciones y carreras profesionales, la desigual distribución de las oportunidades de obtener una formación de calidad (la cual se concentra en unas cuantas instituciones, situadas casi siempre en las grandes ciudades), los altos niveles de desempleo de los egresados, el alto grado de preferencia en las opciones profesionales tradicionales, y la falta de acceso de los grupos sociales más desfavorecidos, entre otras. Por otro lado, el que la matrícula de lo que se ha llamado también educación terciaria siga una ruta ascendente, significa también que aún permanece muy fuerte entre los jóvenes (y los no tan jóvenes) y sus familias, la idea de que con este nivel de escolaridad mejorará su nivel de vida o cuando menos eventualmente estarán preparados para ingresar al mercado laboral en condiciones más ventajosas en comparación con quienes no pudieron llegar hasta ese escalón en su trayecto escolar.

Para ilustrar lo anterior, el informe elaborado por Poggi1 ofrece datos que señalan avances muy evidentes en las tasas de escolarización del grupo de 15 a 17 años entre 2000 y 2010 en la mayor parte de los países latinoamericanos: primero en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, y en años más recientes, en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Además, las cifras también muestran un aumento de cinco puntos porcentuales en los jóvenes entre 18 y 24 años que asisten a la educación superior. En esta situación destacan Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, en los que se observan aumentos de 10 puntos o más en este nivel durante el periodo antes mencionado. La diferencia entre este grupo de países es notable, ya que en el 2010 algunos de ellos presentaban niveles de asistencia mayores al 30% como en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú, en tanto que otros registraban tasas menores al 20% como en el caso de Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México, por su parte, alcanzó el 30% en el 2012.

Ante este contexto, las preguntas que es necesario responder son, entonces: ¿si la ampliación de la oferta educativa y del presupuesto correspondiente está beneficiando con igualdad a los distintos grupos sociales? ¿cuáles son los factores que impactan la distribución de los recursos educativos, principalmente en el nivel superior?, ¿en qué medida dichas diferencias en la distribucion de los recursos educativos se relacionan con las asimetrías entre las posiciones de los individuos o grupos en el contexto de los países de América Latina?

Mientras el nivel de bienestar de los hijos siga dependiendo del origen socioeconómico de la familia, se reforzará la exclusión, o la inclusión desigual para los individuos con orígenes de pobreza. Es decir, las libertades efectivas en la sociedad en su conjunto se reducirán, y con ella, aumentarán las dificultades para que los jóvenes que provienen de hogares desfavorecidos logren estudiar la educación superior en instituciones con calidad y prestigio. Aun cuando el medio social y de origen no debiera jugar un papel significativo en los resultados escolares, éste ha sido, sin embargo, una característica de la región latinoamericana.

Pero este criterio no puede considerarse como el único para determinar si los sistemas educativos se están democratizando. Hay otra serie de indicadores que permiten, por un lado, analizar los avances y los logros de la situación educativa de la región y señalar el camino sobre el cual las políticas educativas deben transitar con mayor intensidad; por otro, hacer una evaluación de la justicia de un sistema educativo, es decir, un análisis de las desigualdades y brechas en las tasas de acceso de los estudiantes según factores como el nivel socio-económico de las familias de las que provienen los alumnos, el área de residencia (urbano o rural), el género, o la pertenencia a pueblos originarios o afrodescendientes.

Los trabajos que integran este número de Universidades analizan distintas dimensiones en las que se manifiestan estas dinámicas de desigualdad en la educación superior de México y de algunos otros países de la región.

El trabajo que presenta Adriana Chiroleu es un análisis de las políticas públicas en materia de educación superior en tres países latinoamericanos y la manera en que han incidido en la reducción de las desigualdades en ese nivel educativo. Chiroleu revisa la expansión que ha tenido la enseñanza superior en esas naciones y los programas que sus respectivos gobiernos han implementado para enfrentar diversos tipos de desigualdades: socioeconómicas, étnico-raciales, aquellas que se derivan de la concentración urbana y regional de la oferta universitaria y las de género. Además, también examina las que tienen relación con las desigualdades en la permanencia y egreso, así como las acciones que pretenden incluir la diversidad.

El texto de Marisol Silva centra su interés en la equidad en la educación superior en México. En su análisis plantea reconceptualizar la equidad educativa desde una perspectiva de la justicia social que contemple el acceso efectivo al nivel superior, la compensación de las desigualdades y el aseguramiento de la permanencia y la terminación de los estudios. Desde esa óptica lleva a cabo un examen de los avances en la materia y señala que a pesar de las políticas orientadas a la democratización de la educación superior, se sigue excluyendo a muchísimos jóvenes de los estratos económicos más bajos. Su conclusión pone el énfasis en contar con una concepción más radical de la equidad educativa como principio rector de la política de educación superior.

El artículo escrito por Carlota Guzmán, también enfocado al caso mexicano, ofrece un balance general de las metas referidas a la ampliación de las oportunidades educativas y al logro de la equidad en el nivel superior en México durante el periodo 2006-2012. Guzmán examina los alcances y limitaciones de dichas metas, así como el manejo político que se hace de los resultados. A partir de esta tríada, la autora delinea los aspectos que deben atenderse para avanzar en el cumplimiento cabal de las metas establecidas, pero sobre todo, en relación con la equidad educativa. Considera, que este balance puede permitir contar con una base o un parámetro para analizar las continuidades, rupturas y ausencias, de las acciones que se emprendan en otros periodos.

El trabajo presentado por Adrián de Garay y Dinorah Miller, analiza algunos de los aspectos de la desigualdad educativa en el nivel superior identificados en el trabajo de Adriana Chiroleu: las diferencias por género y localidad de residencia entre jóvenes en edad universitaria. Para ello sostienen que si bien las diferencias entre hombres y mujeres en relación con el nivel educativo alcanzado y con la edad en la que abandonan la escuela se han acortado, al tratarlas a la luz de la localidad de residencia rural-urbano, la desigualdad en la permanencia y nivel educativo alcanzado persiste para las mujeres rurales. Con este antecedente, se cuestionan cómo se observan las condiciones de desigualdad educativa en una población de estudiantes universitarios de primer ingreso suponiendo que en su mayoría provienen de zonas urbanas, ya que el 76.4% de la matrícula del Sistema de Educación Superior se ubica hoy en zonas metropolitanas. En sus hallazgos, De Garay y Miller argumentan que si bien las condiciones de desigualdad educativa afectan más a las mujeres del país y se intensifican por lugar de residencia, en esta población de universitarios, los hombres muestran mayor rezago educativo, desempeños escolares menores y mayor carga de responsabilidades económicas asociadas a su manutención o apoyo a la familia. En consecuencia, la condición de género para los hombres universitarios parece apuntar a una exigencia de rol que termina siendo inequitativa.

En síntesis, en una sociedad segmentada como la latinoamericana, las diferencias de clase, género, lugar de residencia y raza impactan de manera directa la inserción de estudiantes a la universidad, lo que tendrá como consecuencias la exclusión o una inclusión desigual. Pero además, la combinación de interdependencia de estos factores, profundiza potencialmente las ventajas y/o las desventajas individuales.



1. Margarita Poggi, directora del Instituto Internacional de Planeación de la Educación (IIPE-UNESCO), ofrece un panorama de las tendencias generales de la educación a nivel regional, en: “La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes”, publicación que permite contar con un marco comparativo de los sistemas educativos de la región.

En: http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201405/x_forodocumento_basico_final_en_baja.pdf ,
Consultada el 24 de junio de 2014.

DATOS DE CONTACTO