Aniversario 90 de la Autonomía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

José Narro Robles
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Conferencia en la ceremonia por el 90 Aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 10 de enero de 2013.

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes; muy apreciado señor gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, muchísimas gracias por acompañarnos, por presidir esta ceremonia solemne y extraordinaria, muchas gracias en lo personal por la generosidad de sus palabras y de sus conceptos.

Señor rector de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí; señor subsecretario de Educación Superior del gobierno de la República; señora, señores de la Junta Suprema de Gobierno; señor secretario General de la ANUIES; señores presidentes de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados y del Honorable Tribunal Superior de Justicia; señores legisladores federales y estatales; señor presidente municipal y ex rector de esta casa de estudios; señores ex rectores, ex gobernadores de San Luis Potosí; señoras, señores integrantes del Consejo Directivo Universitario; funcionarios federales y estatales que nos hacen el favor de acompañar.

Señores rectores de universidades hermanas, estimados profesores, alumnos, trabajadores y representantes de ellos, que nos acompañan en esta oportunidad, señoras y señores de los medios.

Agradezco, en primer término, el honor y la distinción que se me concede al poder participar en esta celebración, 90 años de la autonomía de la universidad, fecha significativa y trascendente en la historia de esta extraordinaria Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero recrear y reiterar algunos conceptos que han sido señalados, y quiero hacerlo a partir de la realidad que tiene nuestro país, una extraordinaria nación llena de problemas, es cierto, pero al mismo tiempo, llena de historia, de recursos, de instituciones y de posibilidades.

Y quiero hacerlo porque tengo la plena convicción de que en las últimas semanas hemos sido testigos de cambios que se apuntan como fundamentales para nuestro país y que así, con frecuencia, hemos reclamado a los autores políticos nacionales: que alcancen los acuerdos que México requiere. Cuando ellos los alcanzan tenemos que reconocer esa tarea.

Y cuando a partir de un pacto por México se delinean casi un centenar de compromisos específicos, los universitarios tenemos la responsabilidad de reconocer y participar en el cumplimiento de esos compromisos. Tenemos que estar atentos a que se cumplan y tenemos que apoyar para que los mismos alcancen su plena realización.

Cuando de manera simultánea se nos convoca a encontrar los mecanismos para que México pueda alcanzar en paz, de manera inducida, con la educación como la herramienta fundamental, la prosperidad y la participación en el mundo contemporáneo, las instituciones de educación superior y sus comunidades tenemos que decir que desde nuestras instituciones hay mucho que aportar.

Por eso, en esta oportunidad quiero, insisto, recrear y compartir con ustedes algunas ideas en torno a uno de los principios fundamentales de las universidades públicas de México, de la gran mayoría de ellas: nuestra autonomía, y hacerlo celebrando y festejando este nonagésimo aniversario de la primera institución de educación superior autónoma en nuestro país, de la universidad de ustedes, los potosinos, de la universidad de todos nosotros, los mexicanos.

Debo decir de entrada que la autonomía es un concepto y también un proceso que responde a realidades dinámicas; la universidad como institución social es igualmente dinámica. Si bien tiene fines que a lo largo de la historia la hacen ser la misma, porque a lo largo de nueve siglos ha logrado mantener sus rasgos distintivos, lo cierto es también que sus objetivos y su actuar concreto se expresan de diferentes formas en razón de los tiempos y de las circunstancias de los tiempos sociales en que se ubica.

Se puede afirmar que la aspiración de alcanzar la autonomía es tan antigua como la universidad misma; esa condición, en realidad, es inherente al quehacer de los universitarios. En el medio latinoamericano, como aquí ya fue recordado, el movimiento reformista iniciado en Córdoba, Argentina, en 1918, constituye un antecedente de primordial importancia para la autonomía universitaria en nuestra región y en nuestro país.

Influencia que tuvo su primera expresión concreta cinco años más tarde en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La reforma de Córdoba replanteó las relaciones entre la universidad con las instituciones, con los poderes públicos y con la sociedad. Distinguió a la universidad dentro del Estado nacional, mediante el régimen de la autonomía y la vinculó de manera cercana con la sociedad, con sus problemas y necesidades, tanto a través de la formación de cuadros profesionales de alto nivel, como a través de la formación de conocimiento de la realidad social, y de propuestas para la solución de los problemas de las colectividades.

El concepto adquirió así, en nuestra región, características que en ese momento no existían en otras partes del mundo. El concepto de autonomía es inseparable de las nociones de libertad e igualdad, e implica soberanía, emancipación, autorregulación y autogobierno.

La autonomía de la universidad pública ha alentado el desarrollo de alguno de los más valiosos principios sociales y educativos: la libertad de cátedra, investigación, la pluralidad de posturas científicas y de creencias, éticas, políticas y religiosas, así como la tolerancia y el respeto a la discrepancia; de hecho, sólo donde hay tolerancia puede, verdaderamente, florecer la libertad y la pluralidad.

Quiero destacar que, en mi perspectiva, la autonomía y la responsabilidad van de la mano. La autonomía implica responsabilidad y ésta supone a la autonomía; la responsabilidad en las acciones o decisiones sólo puede atribuirse a quienes actúan libremente, y no bajo la coacción o la sujeción a normas o criterios impuestos.

La autonomía universitaria refuerza la libertad de pensamiento y la pluralidad. Libertad y pluralidad que necesariamente se traducen en pensamiento crítico, pensamiento crítico que se expresa en todos los órdenes de la vida universitaria, y que transita en paralelo con la búsqueda abierta y diversificada del conocimiento con la conciencia de que no hay una verdad única y definitiva, y de que las posiciones dogmáticas no tienen cabida, ni sentido en una comunidad académica, inteligente y educada.

El mundo de la academia, la ciencia y la cultura en general es un mundo abierto, hecho de consensos y disensos, y por ello vivo y en transformación permanente. En este sentido, la autonomía no se adquiere de una vez y para siempre; se alcanza, con su ejercicio cotidiano, en un proceso siempre inacabado.

En el caso de las universidades mexicanas es pertinente destacar que la autonomía no ha sido una concesión para las universidades públicas, cuando un reconocimiento conferido por los poderes del Estado.

La adición de una fracción al artículo tercero de la Constitución no otorgó la autonomía a las universidades públicas, ésta les había sido conferida por sus propias leyes orgánicas expedidas, por supuesto, por los poderes legislativos; en todo caso, lo que se hizo fue reconocer la autonomía universitaria y consagrarla en el máximo cuerpo jurídico nacional, como uno de los valores fundamentales.

Por supuesto, la autonomía de las universidades públicas está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier ente del Estado, y que en principio de sus actividades específicas debe apegarse a tales principios.

De ellos, se desprende que la autonomía universitaria, como aquí también ha sido recordada, no significa inmunidad, no representa extraterritorialidad, no se trata de una situación de excepción del orden jurídico general, forma parte de él.

La existencia y reconocimiento de la autonomía universitaria supone la existencia de una sociedad con un considerable grado de desarrollo, estructurada a partir de un Estado democrático.

En un Estado autoritario, donde no prevalecen las libertades, no existe y no puede prosperar la autonomía universitaria. La existencia de una sociedad y un Estado verdaderamente democráticos es, por otra parte, condición que posibilita el crecimiento y el desarrollo de la autonomía y de la vida universitaria.

La autonomía tiene que ver con la vida misma del país y con su desarrollo, permite y facilita la creación y recreación de la cultura nacional, favorece la trascendencia social de las actividades académicas y la identificación de los egresados universitarios como ciudadanos plenos, participativos y responsables.

La autonomía que se reconoce en las universidades públicas implica compromiso, implica un empeño enorme; no es concesión gratuita y menos privilegio vano. Se trata de uno de los valores más sentidos e importantes para la universidad contemporánea.

La autonomía es fundamental para la universidad pública y esta institución es igualmente esencial para la vida democrática del país. Tiene un papel de enorme importancia en la consolidación de los principios y valores que sustentan a la democracia. Sus funciones: educar, investigar y extender la cultura, constituyen medios de la universidad para responder a la sociedad en que se ubica y desarrolla. El servicio a la sociedad es, por tanto, un objetivo que debe impregnar y dar sentido a las actividades académicas de las universidades públicas.

La autonomía implica no sólo un ejercicio permanente de consideración de las tareas propias, sino también de análisis permanente de la realidad del país, de sus problemas y de sus necesidades y, en especial, de sus asimetrías y agudas desigualdades, a las que las universidades públicas deben estar atentas para contribuir a atenuarlas e, idealmente, contribuir a resolverlas.

No se puede ignorar que en tiempos no lejanos, desde algunos sectores, incluido el gubernamental, se percibía a la autonomía de las universidades públicas como una debilidad cuando no, incluso, como una dificultad. Tampoco podemos ignorar y negar que han existido episodios indeseables y situaciones críticas, al igual que desencuentros entre las universidades y los poderes públicos a partir de la existencia y ejercicio de la autonomía; pero es falso que esas condiciones se hubieran generado por ella. Al contrario, la autonomía ha servido para resolver problemas, ha permitido avanzar y madurar, ha facilitado el establecimiento de mejores formas de comunicación y coordinación.

La autonomía y los mecanismos para su ejercicio han sido, por otra parte, diques de ambiciones e intereses particulares; han permitido a nuestras universidades mantener la independencia necesaria frente al gobierno, pero también frente a otros poderes públicos, grupos, partidos políticos, iglesias y organizaciones; la verdadera autonomía se ejerce desde la universidad, y respecto de todos ellos.

Por su naturaleza, la autonomía es frágil y vulnerable; la experiencia muestra que en distintas ocasiones se ha conseguido introducir elementos que la distorsionan o que dificultan su ejercicio pleno; uno de ellos tiene que ver, de una manera u otra, con el propio financiamiento de las propias instituciones autónomas de educación superior, y al respecto, no puede ignorarse el predominio que durante los últimos 30 años ha tenido la ideología del libre mercado, que ha propiciado en sus excesos la restricción del papel del Estado en la esfera de lo público.

Una de sus consecuencias ha consistido en el cuestionamiento a la concepción, a la operación, a la existencia de la autonomía, en algunas ocasiones de manera tenue y refinada, y en otras, de forma tosca y poco comedida. Un efecto ocasionado a partir de esa fascinación ha consistido, en ocasiones, en el intento de contener el desarrollo de las universidades públicas y en propiciar la proliferación de universidades con afanes de lucro y de baja calidad.

Y por otra parte, en la intentona de descalificar disciplinas académicas indebidamente calificadas como no productivas en el campo de las humanidades, artes, ciencias sociales e, incluso, en el ámbito científico; es evidente que en ninguna universidad pública completa se pueden hacer a un lado, ya que resultan indispensables para el desarrollo de nuestra sociedad.

Es ilusorio pensar que la autonomía se gana de una vez y para siempre, recordaba en este mismo espacio en una ocasión semejante a ésta, de aniversario de la autonomía.

De manera permanente hay nuevos retos y nuevas tareas para los universitarios en el afán de preservar y fortalecer esa autonomía; sin embargo, y tenemos que hablarlo con claridad, es difícil concebir una autonomía real mientras las universidades no tengan la seguridad de contar con los recursos financieros necesarios para su adecuado funcionamiento; es imprescindible garantizarlo y llegar a un punto en que, por ley, se les asigne un presupuesto básico, suficiente para posibilitar su trabajo, que no esté sujeto a aspectos coyunturales que generan incertidumbre.

Por ello, somos muchos, nuestra propia agrupación de universidades e instituciones de educación superior, quienes hemos insistido en la conveniencia, en la verdadera necesidad de desarrollar presupuestos anuales para las universidades públicas, presupuestos definidos para varios años que permitan a las instituciones de educación superior contar con mayor capacidad de actuación, con mejores posibilidades de atender proyectos de mediano y largo plazo, porque sólo con la certeza de la disponibilidad de los recursos financieros requeridos estará completa la autonomía que tutela el artículo tercero constitucional.

Deben establecerse las reglas necesarias, objetivas, claras y transparentes que trasciendan el ámbito de las disposiciones subjetivas y de las buenas voluntades de los actores involucrados en cada ejercicio anual.

Como antes señalé, la autonomía, por otra parte, implica responsabilidades con la sociedad y con el propio Estado; entre esas responsabilidades hay que destacar una vez más la necesaria transparencia y la escrupulosa rendición de cuentas de los recursos económicos recibidos. Durante muchos años se interpretó que la autonomía no implicaba dar cuentas a los poderes del Estado, sino, en el mejor de los casos, sólo a las propias autoridades universitarias colegiadas, para después hacerlas públicas ante la comunidad y la sociedad en general.

Sin embargo, es de señalar que ha habido en los años recientes una viva preocupación de que los recursos públicos, en general, se ejerzan de manera responsable, y se han instrumentado medidas al respecto, lo cual son en sí mismas, y por supuesto en mi perspectiva, adecuadas, pertinentes, y de ninguna manera violatorias de la autonomía de la universidad. La rendición de cuentas ante la sociedad y ante una instancia externa como la Auditoría Superior de la Federación ha sido, a mi juicio, positiva; no ha debilitado, sino que ha fortalecido la autonomía al transparentar el uso de los recursos públicos.

Los informes periódicos a los integrantes de las comunidades universitarias, las auditorías internas y los ejercicios de contraloría han favorecido también la confianza de la sociedad en las universidades públicas autónomas.

Por otra parte, la fiscalización que ejercen los poderes de la Federación sobre los recursos que se otorgan a las universidades públicas en un sistema democrático, en un sistema en el que se respeta el Estado de derecho, debe verse, en consecuencia, como una normalidad universitaria.

No puedo, sin embargo, dejar de mencionar un aspecto que en lo personal me preocupa en el terreno de la fiscalización de los recursos. Por supuesto, y lo reitero, las universidades públicas estamos en la obligación de rendir cuentas claras de los recursos que se nos asignan, pero esa legítima necesidad de vigilar el buen uso de los recursos públicos no debe convertirse en un mecanismo para limitar la libertad académica.

Es por ello que muchos universitarios no estamos de acuerdo con que instancias ajenas a la comunidad académica pretendan tener injerencia directa o indirecta en la operación de nuestras instituciones, en la toma de decisiones del uso correcto de los recursos fiscales que se nos asignan.

En este sentido, quiero señalar que en lo particular me parece que ha llegado el momento de discutir, con toda seriedad, los asuntos referentes al financiamiento integral para nuestras casas de estudio, lo mismo en el presupuesto ordinario que se nos asigna, que en el que viene o procede de los fondos federales extraordinarios destinados a las universidades públicas.

Quizá sea también momento para poner en el tapete de la discusión, la conveniencia de establecer una gran política de federalización y fortalecimiento de las universidades e instituciones públicas estatales, federales, autónomas, tecnológicas y de toda naturaleza en nuestro país.

La autonomía de la mayoría de las universidades tiene que ser fortalecida y garantizada respecto de las relaciones con todas las estructuras del Estado nacional. Al gobierno federal le compete fortalecer las funciones dirigidas a promover un desarrollo equilibrado de la educación superior en todo el país, y a garantizar, con el respaldo de las entidades que así lo hagan, el acceso a servicios de calidad en todas las regiones, y actuar en consecuencia con un papel compensatorio como ya lo hace en el caso de la educación básica.

Los recursos especiales de la Federación tendrían de esta manera, por objeto, avanzar en la búsqueda de la equidad y de atenuar las enormes asimetrías que en cobertura y calidad tiene la educción superior en nuestro país.

No puedo terminar esta intervención sin reiterar mi agradecimiento y felicitación a esta comunidad, y sin decir una vez más que sin la autonomía las universidades estarían incompletas.

La autonomía es parte de su fuerza vital, motor de creatividad y seguro contra el apetito de grupos y sectores diversos de nuestro país, pero por la responsabilidad social que implica a cambio, las instituciones autónomas por ley tienen la obligación de mantener los niveles de competencia científica y tecnológica que nuestra sociedad demanda, tienen la responsabilidad de preservar y cultivar los valores del ser humano, tienen el compromiso de servir con pasión a la sociedad a la que se deben, entregarse a la noble lucha de hacer realidad la justicia social, la libertad y la democracia a la que aspiramos desde hace mucho tiempo.

La sociedad cuenta con sus universidades públicas y ellas cuentan con los principios que las caracterizan y con la autonomía, que inició en esta extraordinaria Universidad Autónoma de San Luis Potosí hace 90 años.

Por mi raza hablará el espíritu.

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